Chacras de Margen Sur: “Con una reunión más estaríamos en condiciones de sacar dictamen”, dijo Myriam Martínez

“Fue un encuentro muy lindo, porque nos habíamos comprometido a llevarlo adelante en Río Grande y era muy importante que los productores pudieran participar. Tenemos vecinos que están viviendo de la actividad hace 20 años y han invertido lo poco que han tenido para que la actividad crezca”, destacó por FM La Isla.

“Pudieron hacer uso de la palabra todos lo que la pidieron y nos han comentado todos los esfuerzos que han hecho para estar cada día mejor, y no han encontrado ninguna respuesta de la parte política. Pudimos trabajar sobre el relevamiento que se hizo en 2017 y 2018, también contamos con la valuación del Tribunal de Tasación de la Nación y la información del Registro de la Propiedad. El macizo 67 tiene juicios pendientes y vamos a excluirlo de la expropiación, para evitar complicaciones”, observó sobre el sector en disputa con Pole Fueguina.

“Este proyecto viene de la ley que se aprobó en 2011 y, por no haber realizado los procedimientos correspondientes de la expropiación, la ley se cayó. Hicimos una prórroga pero el Ejecutivo anterior no hizo absolutamente nada. Tuvimos que empezar con un relevamiento de fojas cero y esto es algo que teníamos pendiente y tendríamos que haber trabajado el año pasado, pero no dieron los tiempos”, lamentó.

Hubo varias sugerencias y observaciones al proyecto que serán analizadas, como un espacio de participación de representantes de los productores: “Nosotros tomamos nota de todo y vamos a pasar un escrito al Ministerio de Gobierno. Participaron las tres asociaciones de chacareros y dejaron algunos puntos para modificar. Si el Ejecutivo provincial está de acuerdo y nos da una devolución por escrito, vamos a trabajar nuevamente en comisión, se emitirá dictamen y lo llevaremos al recinto. Creemos que con una reunión más estaríamos en condiciones de sacar dictamen y aprobarlo en la próxima sesión”, aseguró.

“Después viene otro paso más, que es la regularización que debe realizar el IPV para que puedan contar con el título de la tierra. El IPV va a determinar si tienen que pagar algo y cómo se va a llevar adelante. No es que uno les da la tierra y no pagan absolutamente nada. El gobierno va a pagar a los que son dueños de la tierra y luego habrá un recupero”, explicó del procedimiento.

Respecto del monto total que deberá pagar el gobierno por la expropiación, dijo que la valuación “ronda los 201 millones, pero será menos al excluir el macizo 67”, que corresponde a la disputa de Pole Fueguina. “La parcela 1 de ese macizo son 38 millones, la parcela 2 son casi 6 millones y hay más de un millón por la parcela 3, que son las que van a quedar excluidas. Habría que restar casi 50 millones así que estamos hablando de 160 millones de pesos por la expropiación”, estimó.

“Nosotros vamos a acompañar a los productores para que tengan un polo productivo y primero necesitan contar con la titularidad de la tierra. Luego tendremos que evitar las usurpaciones, que es moneda corriente en la margen sur. Hoy no tienen manera de comprobar que son dueños de las tierras y hay un enfrentamiento constante con los que se quieren ir a instalar. Están muy preocupados y estas situaciones no pueden seguir ocurriendo. Ante las usurpaciones se ayudan entre ellos, y además se plantea otra situación: que se subdividen los terrenos y se venden. La gente va a vivir ahí por necesidad y porque les sale más barato, pero no van a producir sino a vivir”, manifestó.

Aclaró que, una vez aprobada la ley, la Legislatura ya termina su tarea porque será competencia del IPV llevar adelante el relevamiento, las adjudicaciones y el recupero. “Tenemos que dar una solución definitiva para que esta gente deje de recorrer los despachos de gobernadores e intendentes. La ley se aprobó en 2011 pero el problema viene de mucho antes”, concluyó.