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15-05-2018 12:40

Compras secretas: “Yo misma he verificado los expedientes y no hay nada que ocultar”, dijo Bertone

La gobernadora Rosana Bertone aseguró ayer por FM Aire Libre que, una vez devueltos los expedientes por parte del Tribunal de Cuentas, serán remitidos a la Legislatura.

 

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La mandataria explicó los motivos de la demora en el envío de la documentación de las compras secretas de la Secretaría de Seguridad, e informó que se encuentran bajo análisis del órgano de contralor. También habían sido requeridos por el juzgado que instruye la causa penal originada en la denuncia del ex legislador Horacio Miranda, sostuvo.

 

“Nosotros tenemos todos los expedientes del Tribunal de Cuentas y, a medida que nos vaya devolviendo la documentación, los vamos a mandar. No tenemos nada que esconder y no ha habido ninguna situación irregular. Si al legislador Villegas le gusta denunciar, que lo haga, no tenemos ningún problema y nada que esconder”, expresó, tras el adelanto del mopofista de la presentación de una demanda de acceso a la información.

 

“He trabajado veinte años en política con la misma honestidad toda mi vida. Yo misma he verificado los expedientes, para ver qué situación puede haber y hacer los controles respectivos, porque cuando hay una denuncia como esta, cualquier gobernador quisiera tener conocimiento”, manifestó.

 

“Seguimos trabajando con el Tribunal de Cuentas, con todos los requerimientos, que han sido abundantes, a raíz de la denuncia judicial”, dijo y ratificó que han presentado “toda la documentación que se nos ha requerido. Cuando devuelvan los expedientes, que creemos que están bien, obviamente los vamos a mandar a la Legislatura”.

 

La gobernadora marcó la necesidad de mantener en reserva el contenido y planteó la necesidad de una reforma del reglamento de Cámara, para implementar reuniones de comisión que no sean abiertas al público ante determinados temas: “Yo he sido diputada y senadora nacional, y las cuestiones de seguridad de estado se resuelven en comisiones donde uno firma un acta que es reservada y secreta, porque si le tengo que decir a toda la población qué equipamiento le he comprado a la policía, es lo mismo que avisarle a todos los narcotraficantes qué tengo”, dijo.

 

Aseguró que hoy “no hay un proceso reglamentario de este tipo en la Legislatura de Tierra del Fuego. En este aspecto todas las comisiones son públicas y nosotros pretendemos elevar un proyecto donde reglamentemos este procedimiento. Si los legisladores no lo toman a mal, desde el Poder Ejecutivo podemos enviar una propuesta de trabajo concreta”.

 

Hoy el carácter reservado de algunas reuniones ha sido “una decisión de la presidencia de la comisión, pero no está en el reglamento”, subrayó.

 

Respecto de la firma del contrato con la UTE que integran COIVALSA y TV Fuego, destacó que “los países que tienen desarrollo son los que tienen conectividad, energía, y nosotros tenemos estas condiciones para crecer en nuestra provincia. Esta es una obra pensada a veinte años. Es una primera etapa y en unos días más vamos a licitar una segunda etapa con el equipamiento que vamos a poner dentro de la obra”.

 

“Tratamos de aprender de las experiencias de otras provincias, también de la experiencia de ARSAT y de los sectores privados que participan de esta actividad”, expresó y aseguró que las empresas que integran la UTE “conocen el rubro. Hay una empresa grande de la Argentina asociada con una pyme local, que nos da la posibilidad de tener puestos de trabajo y una contraparte local. Es la primer UTE que constituyen entre ellos y son dos empresas que se pudieron unir porque tienen una especificidad en el rubro, lo conocen y trabajan en él”.

 

La fibra óptica se plantea también como una opción de desarrollo para generar recursos a la provincia, porque “después se podrá vender a Telefónica, Claro, ARSAT, a prestadores locales y quien requiera el servicio”, abriendo la posibilidad de que la provincia se asocie con privados para la administración.

 

“Nosotros vamos a salvaguardar los servicios para los hospitales, las escuelas, los edificios públicos. Ese es un requisito que hemos impuesto y nos vamos a asegurar que eso siga siempre en poder del estado”, concluyó. 

 

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