Condenan a dos años de prisión en suspenso al ex jefe del depósito del HRU por robar material

La sentencia recayó sobre Julio Salvador Vivas, de 34 años, a quien los jueces intervinientes consideraron penalmente responsable del delito de peculado, una variante legal de los delitos de defraudación contra la administración pública.

Según informa El Diario del Fin del Mundo, el fallo dictado antes de la feria judicial de verano, y que trascendió públicamente ayer, corresponde al mecanismo conocido como “omisión de debate”, es decir que fue suscripto sin la realización de un juicio oral y público y con el acuerdo de las partes intervinientes y del tribunal.

Durante el proceso judicial se demostró que Vivas, durante fechas previas al 26 de agosto de 2005 y mientras se desempeñaba como como jefe de depósito del hospital, sustrajo una cantidad de objetos que se encontraban guardados en el galpón que tenía bajo su custodia, en la parte posterior del establecimiento médico, y en un contenedor situado en inmediaciones de esa misma construcción.

Tras la denuncia del caso, y por orden de a jueza de instrucción María Cristina Barrionuevo, la Policía allanó la vivienda particular del empleado público en el barrio de Andorra.

Allí aparecieron distintas cantidades de elementos como rejillas, esponjas, trapos de piso, escobillones, franelas, bolsas de consorcio, toallas y toallones, sábanas, fundas y guantes, muchos de ellos en sus envases originales y con la leyenda de “uso hospitalario”.

Vivas sustrajo del patrimonio estatal objetos “cuya recepción, administración y custodia le habían sido confiadas en razón de su cargo”, entendieron los acusadores en la causa penal. Después, al considerar que las pruebas reunidas durante la instrucción hacían innecesaria la realización del juicio oral y público, el fiscal Massimi requirió la omisión del debate y propuso la condena a prisión en suspenso.

Este mecanismo, aceptado por la defensa y los jueces, establece que el tribunal se aboca directamente a dictar una sentencia y que, en caso de ser condenatoria, no puede superar el pedido de la Fiscalía.

En este caso los jueces condenaron al imputado a la pena de dos años de prisión, más inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos y las costas del proceso. 

Por otra parte, se le impuso a Vivas el cumplimiento de una serie de reglas de conducta, entre ellas “comunicar al tribunal de ejecución todo cambio de residencia”, “someterse al cuidado del Patronato de Presos y Liberados” y “abstenerse de usar estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas”.