Municipales
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24-09-2018 10:20

El abogado Francisco Giménez presentó una nueva denuncia por supuestas irregularidades con obras públicas en la Municipalidad Río Grande

El abogado riograndense Francisco “Paco” Giménez, volvió a denunciar supuestas irregularidades en las obras públicas del Municipio local. En declaraciones a Radio Nacional Ushuaia, el letrado afirmó que “la maniobra consistía en reclutar personas de bajos recursos, sin capacitación” para hacer trabajos que luego “una empresa amiga” sobrefacturaba. Apunta a una firma supuestamente ligada a la “secretaria privada” del intendente Melella.

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“Es una causa nueva, una denuncia que efectué en los primeros días de septiembre, luego de haber tomado conocimiento por personas que se contactaron conmigo y me acercaron documentación sobre algunos manejos irregulares en la obra pública”, detalló Giménez.

 

“La maniobra consistía en reclutar personas de bajos recursos, sin capacitación, les encargaban obras, las hacían” señaló el abogado, para luego puntualizar que “una de ellas es la del Centro Tecnológico municipal”. 

 

En tal sentido, Giménez describió “cuando estas personas terminaban la obra, un funcionario municipal los echaba, venía una empresa amiga ponía un cartel de obra y cobraba 3 millones por la obra, cuando la obra había costado 600 mil pesos”.

 

“Esto motivó nuevas allanamientos en la municipalidad y en estas empresas fantasmas, una de ellas propiedad de la propia secretaria privada del intendente”, sostuvo.

 

Según el abogado “a fines de agosto, vienen personas a mi estudio. Me entrevisto con el fiscal Candela y de forma inmediata tomó mi denuncia. Al otro día se dispararon una serie de allanamientos y se secuestro documentación que corrobora los dichos de los damnificados”.

 

“Contrataban a monotributistas y les entregaba ciertas obras, pintar cordones o un gimnasio. El tema es que luego les dieron obras más complejas, para las cuales no estaban capacitados, con un presupuesto de 600 o 700 mil pesos. Cuando ya estaban listos para entregarla, venía un funcionario municipal y los sacaba, llegaba una empresa a colocar el cartel y cobraba la obra, por alrededor de 3 millones de pesos”, explicó sobre la supuesta mecánica. 

 

En la misma línea, el letrado mencionó cuál sería la operatoria que denuncia “cuando los monotributistas presentaban la factura por 600 o 700 mil pesos, en Tesorería les decían que no se podía facturar porque eso lo iba a hacer la empresa. Pero les decían que de todos modos presenten 6 o 7 facturas por 100 mil pesos, bajo otros conceptos como tareas de pintura, para poder pagarles. Los mismos funcionarios les llenaban las facturas por los conceptos que debían facturar y esas son las facturas que presentamos en la justicia”.

 

“Tenemos identificadas las obras con dos monotributistas. Una es la de calle Pellegrini, unos gimnasios en Margen Sur y una serie de obras que son imposibles de comprobar como pintura de cordones, que se desgastan enseguida”, afirmó.

 

Gimenez manifestó que “tenemos testigos de que la secretaria privada del intendente es dueña, junto con su esposo, de una empresa contratista y estaba al tanto de las obras, y una vez que facturaba esta empresa ella llamaba a Tesorería presionando para que les paguen inmediatamente”.

 

“Cuando se armaban las licitaciones privadas, las empresas presentaban los sobres con las ofertas, menos una que presentaba todo en blanco y lo llenaban en el momento para que aparezca como la más baja, con el acuerdo de funcionarios”, denunció.

 

Consultado sobre las personas que serían denunciadas en la justicia, el abogado aseguró que “del intendente para abajo, porque no puede no saber lo que pasaba, porque era uno de los que reclutaba a esta gente de bajos recursos. Tenemos registrado que traían gente de afuera, les pagaban los pasajes y el alquiler con fondos públicos. Ahora la causa debería continuar con la indagatoria de todos los involucrados y más producción de pruebas”.

 

“En 2015 hice otra denuncia, causa que está absolutamente paralizada luego del cambio de juez. Es necesario que el Superior Tribunal de Justicia se involucre y haga una auditoría en el juzgado de Instrucción N°1, para controlar la actuación de los jueces y ver si no estamos ante un caso de mal desempeño de funciones al haber planchado una causa”, concluyó.

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