El Superior Tribunal de Justicia resolvió quitarle el impuesto inmobiliario a los Municipios y pasarlo a la Provincia

La resolución señala que “...se encuentra ajustada a derecho la decisión de retomar su atribución con las facultades que le resultan inherentes respecto al impuesto inmobiliario sobre todos los inmuebles ubicados en su territorio, ya sea que se encuentren en centros urbanos o zonas rurales”. 

AREF presentó a fines de 2016 una declaración de certeza ante el Superior Tribunal de Justicia. El planteo apuntaba a dilucidar la polémica surgida tras la sanción de la ley 1075 que establecía el traspaso del cobro del impuesto inmobiliario a la provincia, situación que fue rechazada por los municipios. 

Gobierno pretendió, a través de la ley 1075, comenzar a percibir el impuesto inmobiliario bajo el entendimiento que el mismo pertenece a la provincia, mas allá que históricamente fue percibido por los municipios. 

Ante la negativa de los municipios de adherir a la ley 1075, se resolvió desde AREF presentar una declaración de certeza ante el Superior Tribunal de Justicia, buscando que la justicia resuelva la competencia en el cobro del tributo. 

Los intendentes Vuoto y Melella respondieron a las presentaciones argumentando la defensa de las autonomías municipales. De hecho, gran parte del arco político local se pronunció a favor de esa postura. Los municipios también cosecharon el apoyo de diferentes foros nacionales e internacionales, quienes entendieron que la pretensión de AREF era un avasallamiento de las competencias municipales. 

Los Concejos Deliberantes observaron con preocupación el perjuicio que la medida ocasionaría a  las arcas municipales y defendieron las autonomías conferidas por las Cartas Orgánicas.

Finalmente, luego de un año, el Superior Tribunal de Justicia dictó la sentencia sobre la potestad tributaria en materia del impuesto inmobiliario.