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03-06-2020 12:12

“Espero que no tengan paseando a la gente del banco al Ministerio de la Producción”, pidió Martínez

La legisladora del bloque justicialista, Myriam Martínez, abogó por una rápida implementación de la operatoria de créditos bancarios, no bancarios y subsidios, para no tener a los solicitantes yendo del banco al ministerio, a raíz de declaraciones de la ministra Castiglione luego de la aprobación de la ley.

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A modo de evaluación, sostuvo por FM La Isla que “es una ley que llega tarde, hubo muchos borradores dando vueltas por todos lados, se habló mucho y es muy parecida al proyecto que presentó la UCR. Es importante decirlo, porque el proyecto del radicalismo se presentó en abril y les dijeron que no era viable”. 

 

“Tenían toda la intención de aprobar el proyecto sobre tablas y fue la decisión del PJ la que forzó al trabajo en comisión. Esto también hay que decirlo, porque se necesitaba información de los funcionarios del Ejecutivo, que quedó con sabor a poco. Se había generado una expectativa inmensa en el sector privado a raíz de las declaraciones del gobernador y los funcionarios: quienes acompañaban a la ley eran los buenos; y los que no, éramos los anti Patria. Ellos mismos generaron un enfrentamiento y le decían a la oposición que poníamos palos en la rueda”, criticó.

 

También expuso la “improvisación” que se vio en la reunión de comisión con los funcionarios. “El presidente del banco no tenía bien en claro para qué quería la plata, porque hay un fondo de garantías para asistir al sector privado de 300 millones de pesos, de los cuales ocuparon 123 millones. El resto no se ocupó porque no cumplieron los requisitos, dado que la cartera con que operan son los clientes del banco, es decir que tienen dinero pendiente para otorgar. Por eso dijimos que no correspondía darle 1.500 millones al banco para dar créditos, de los 2.000 millones totales, si todavía tenía fondos pendientes. Ubicamos en un lugar de igualdad al Ministerio de Producción para abarcar con créditos y subsidios no reintegrables a los sectores más vulnerables”, explicó.

 

Consultada sobre las declaraciones de la ministra Castiglione posteriores a la aprobación de la ley, respecto de que los solicitantes de créditos no bancarios deberán pasar por el banco primero, cuestionó que se pretenda que el inicio del trámite deba ser en el banco y, si no califican, recién la solicitud pase al Ministerio de la Producción. “La ministra de Producción en la reunión no tenía muy claro cómo iba a ser la operatoria. Los trabajadores informales, que no hacen ningún tipo de aporte al sistema, no pueden ir al banco y el ministerio deberá tener las herramientas para dar esa asistencia. No los pueden mandar al banco y le tienen que resolver el problema a la persona en ese momento. La ministra va a tener mil millones de pesos para decidir las líneas de ayudas no reintegrables y los créditos, pero no puede derivar al banco a los solicitantes, porque el emprendedor o el taxista no pueden ir al banco si no tienen una carpeta, y los que no aportan ya se sabe que no califican. Espero que hagan las cosas bien y no tengan paseando a la gente del banco al Ministerio de la Producción”, reclamó.

 

“Uno vio en la reunión con los funcionarios la improvisación con que se presentó este proyecto, que fue totalmente modificado, porque incluso en el menú de obra pública el total de obras era de tres mil millones y la capitalización era de dos mil. Le dijimos a la ministra de Obras Públicas que no le iba a alcanzar. El anexo de obra pública se dejó aparte de estos dos mil millones y agregamos la fibra óptica, que no estaba incluida, porque falta muy poquito y es una obra muy importante”, apuntó.

 

Otro cambio fue la extensión de la emergencia, que “se va a prorrogar por 12 meses, siempre y cuando la Legislatura lo avale, además se sacó la emergencia administrativa y el decreto 612. En cuanto al empréstito de tres mil millones, incorporamos que no afecte la coparticipación de las municipalidades ni la distribución de ingresos brutos e impuesto de sellos”.

 

La legisladora encendió el alerta respecto de la aplicación de este endeudamiento, dado que iría a salarios: “El gobernador dijo que estaba esperando esta asistencia financiera para poder pagar salarios. Yo espero que esos tres mil millones no sean para pagar salarios, porque dijeron que iba a ser para pagar coparticipación, proveedores y todo el recurso que se necesita en el ámbito de la salud por la pandemia. Pero de acuerdo a las declaraciones del gobernador ese dinero lo van a ocupar para pagar salarios, porque no tiene dinero para hacerlo”, aseguró.

 

“Yo le pregunté al ministro de Economía cuál era la masa salarial que se necesitaba en enero y cuánto lo que se necesita a partir del aumento otorgado a los empleados públicos. En enero se necesitaban 1.100 millones y ahora están cerca de los 1.500 millones de pesos. Ese compromiso se asumió antes de la pandemia y la plata ya no estaba, porque la emergencia administrativa la presentaron en diciembre y no la tratamos. No es que la plata no está por la pandemia. Nosotros venimos de un gobierno anterior y el recurso no lo teníamos para dar aumento. No es que nos guardábamos la plata y no dábamos aumento, y esto quedó demostrado cuando el gobernador presenta el proyecto de emergencia en diciembre. Asumió un compromiso de aumento salarial sin contar con recursos, porque todas las consecuencias del parate económico vinieron después”, advirtió.

 

Finalmente lamentó las críticas del legislador Pablo Villegas a los intendentes por “poner palos en la rueda”, cuando “hubo un acompañamiento a este proyecto. Así como mermaron los ingresos a la provincia, mermaron los ingresos para los municipios”, dijo de las objeciones a las exenciones de ingresos brutos del proyecto original, tema que fue subsanado. 

 

“Hubo una propuesta de la UCR de coparticipar los recursos del empréstito, dijeron que no porque la deuda era de la provincia. Deben respetar las autonomías municipales, convocar a los intendentes. El legislador Villegas quiere que lo convoquen a él y a mí me hubiera gustado que convoque el gobernador y el oficialismo a los intendentes, para poder escucharlos en la Legislatura. Gustavo Melella también fue intendente y reclamó deuda de coparticipación e impuesto inmobiliario. Uno se asusta con este cambio de mirada tan profunda y hay que tener mucha memoria”, recomendó.

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