Homologación del convenio estatal: Entra en vigencia con la publicación del Boletín Oficial

Por FM La Isla, dijo que la homologación se dispuso por “la resolución 217/19 dictada el 29 de noviembre”, es decir el mismo día de la presentación ante el Ministerio de Trabajo y “a partir de hoy” entra en vigencia, con la publicación en el Boletín Oficial.

“El ámbito de aplicación de este convenio es la administración central. Son las condiciones generales de todos los trabajadores, los ingresos, egresos, ascensos, concursos, regímenes disciplinarios, licencias. Está enmarcado en la ley provincial 113, que genera la facultad en el Ejecutivo y en los sindicatos con representación sindical de establecer las condiciones de trabajo. Luego las discusiones sectoriales referentes a Salud, Desarrollo Social o cualquier otra área específica, se tendrán que dar dentro del convenio para establecer las condiciones especiales que corresponden a esa actividad”, sostuvo.

“Lo que se aplica de este convenio son las condiciones que son iguales para todos, no las condiciones particulares. En las condiciones particulares, por ejemplo en el sector de Salud, se seguirán rigiendo por el decreto 2366, que es el que corresponde a ese sector, como escalafón húmedo, y ese decreto no se deroga. Hubo muy pocas modificaciones respecto de la ley 22140 y el decreto 3413 del ’79, que son de la década del ’80 y fue muy difícil ampliar derechos, porque hay muchos reconocidos a los trabajadores públicos. Lo que se hizo fue garantizar los derechos que ya estaban adquiridos y ampliarlos un poco más”, explicó, además de dejar atrás “toda la normativa del gobierno de facto. Se tomó lo que ya estaba y que funcionaba, porque el régimen del empleado público de Tierra del Fuego es muy generoso respecto del resto del país”.

Consultado sobre la estabilidad de los trabajadores para pasar a planta permanente con tres meses de antigüedad, indicó que “se tomó el criterio que se aplica en la ley de contrato de trabajo del ámbito privado, donde se prevén 90 días para lograr la estabilidad. A partir de ahí se genera la inamovilidad. Se tomó ese mismo parámetro porque no podemos ir en menos, sino que tenemos que establecer mejoras. Obviamente se tomó una normativa que era más beneficiosa y se utilizó ese criterio. Esto va a obligar a las próximas administraciones a tener una decisión mucho más clara respecto de quién queda y quién no queda en planta permanente. También se estableció un régimen de concursos y de ascensos por concurso”, apuntó.

“En el convenio colectivo se crea la comisión permanente de interpretación y aplicación del convenio colectivo, donde va a tener representatividad el Ejecutivo y los sindicatos. En ese ámbito podrán mejorar las condiciones de este convenio. El gobernador electo puede convocar a la comisión para seguir dando mejoras sobre este mismo convenio, y puede ampliarlo si quisiera, como Ejecutivo. Dentro de la comisión de negociación se van a poder conformar comisiones sectoriales, por ejemplo con el sector de Salud para discutir la carrera sanitaria, y el escalafón que hay que reordenar”, indicó.

Por otra parte, aclaró que no fue homologado el aporte del 1,9% de los no afiliados. “Esto ha sido observado en el dictamen del Ministerio de Trabajo de la provincia y no va a ser aplicado. Este fue un error técnico al momento de la discusión, porque al generar un descuento del 1,9% a los no afiliados se hace una especie de afiliación compulsiva. Esto violenta el principio de la libertad sindical negativa, es decir el derecho a no afiliarse. Por eso se observó ese artículo y no se va a aplicar. Hay muchos convenios que lo prevén, como el de SITOS de Obras Sanitarias; el de empleados de comercio también tiene previsto el 1% para los no afiliados. Hay muchos ejemplos pero el Ministerio de Trabajo entendió que violaba el principio de la libertad sindical negativa”, expuso.

Finalmente negó un ingreso masivo de funcionarios, como circuló por redes sociales, y señaló que no hubo “aumento de la planta” sino “reemplazo de vacancias” producidas en cuatro años, a razón de 400 por año, estimando unos 1.600 ingresos. “Las vacancias se produjeron por fallecimientos, jubilaciones y renuncias, y hay lugares para cubrir. Todos los años se producen aproximadamente 400 vacantes por año por estas tres razones y estos cargos se fueron cubriendo a lo largo de los cuatro años, pero no se incrementó la planta de personal, porque seguimos con la misma cantidad del 2015”, aseguró.

También defendió la necesidad de reemplazar las vacantes que se producen, en lugar de achicar la estructura del estado, porque “los activos son los que hacen sus aportes para pagar las jubilaciones. Para poder pagar a un jubilado, hay que tener cuatro activos, y en este momento tenemos una relación de 2,92 activos por cada pasivo. Si no se completan las vacantes, se va a sentir el cimbronazo en el sistema previsional”, argumentó.

“Es algo que deberá resolver el gobierno entrante, porque en algún momento la cantidad de activos va a ser insuficiente para sostener la capacidad de pasivos que tenemos. El gobierno entrante ha planteado volver hacia atrás y puede generar una alteración en la relación activos y pasivos, y que el sistema no sea sostenible en el tiempo. Por eso es importante que el sector activo se mantenga, y eventualmente va a tener que crecer, para que sea viable la ecuación del sistema previsional”, concluyó.