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15-10-2013 05:24

Nuevo ataque de Virgilio Martínez de Sucre contra la libertad de expresión

Luego que la Cámara de Apelaciones de la Provincia revocara una sentencia de primera instancia, y por lo tanto dejó sin efecto una condena civil contra los integrantes de la Asociación Participación Ciudadana, por la presentación de un pedido de juicio político, el Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, presentó un recurso de casación ante el Superior Tribunal de Justicia. En su escrito, el funcionario abunda en elogios a su desempeño: "mi vida pública ha sido tan cristalina y de perfil bajo como la privada, cosa que jamás podrán decir muchos de los que durante estos años me han injuriado", señala. "Qué habrían hecho los sres Magistrados si luego de 30 años de intachables y eficientes servicios son pasibles de una denuncia ante el Consejo de la Magistratura solicitando su destitución", se pregunta. Además, carga contra los medios de comunicación y la clase política.
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El caso retoma los límites de la libertad de expresión en Tierra del Fuego. El Fiscal de Estado expone que "el reclamo que formulo deviene del daño que me han ocasionado los nombrados con motivo de la inadmisible petición que formularon ante la Legislatura provincial, acusándome de mal desempeño en el ejercicio del cargo de Fiscal de Estado, solicitando en consecuencia mi juicio político y posterior destitución".
 
 
Y agrega: "el infundado pedido de juicio político realizado por los accionados, la forma en que fue anunciado y efectivizado, me ha causado un daño moral inadmisible. Ninguna duda cabe que la petición de un juicio político es un acto de extrema gravedad institucional, de amplia difusión social, que causa un enorme daño moral derivado de su sola formulación".
 
 
La presentación de un pedido de juicio político es un derecho social de cualquier ciudadano que tiene la libertad de expresar que un funcionario público no estaría cumpliendo sus deberes y obligaciones. Y así fue entendido por gobernadores, intendentes, jueces y fiscales, entre otros, que nunca llevaron a la Justicia a los autores de un pedido de jucio político que los involucraban. Excepto, el Fiscal de Estado y esta causa que persigue desde hace casi 12 años.
 
 
En sus argumentos, Martínez de Sucre carga contra periodistas, medios de comunicación, y la clase política, al señalar que "jamás gaste un solo peso del erario público para tener prensa, ni pagué publicidad institucional u oficial, como se dice ahora, no acordé pautas publicitarias, jamás acudí a estos inventos modernos a los que echan mano muchos funcionarios para obtener espacios mediáticos".
 
 
"Mi vida pública ha sido tan cristalina y de perfil bajo como la privada, cosa que jamás podrán decir muchos de los que durante estos años me han injuriado, incluidos muchos autotitulados periodistas que ahora se rasgan las vestiduras porque procuré, mediante el uso de las leyes y derechos que las mismas me acuerdan, hacer valer los mismos frente a quien debo hacerlo, un Tribunal de Justicia, y no a través de declaraciones injuriantes en pasquines cuyos fines y financiamientos jamás pueden ser auditados, so pretexto que sería un atentado a la libertad de prensa...", señala y hace un 'copiar' y 'pegar' de argumentos ya expuestos en la causa que sigue contra la familia del ex senador nacional José Martínez..
 
 
Para Martínez de Sucre es "moneda corriente por estos días proferir cualquier tipo de agravio so pretexto que la libertad de prensa y la libertad de expresión son algo así como derechos supraterrenales a los cuales debemos estar sumidos los mortales que no accedemos a los medios, mucho más si somos funcionarios públicos que trabajamos seriamente y en silencio sin entrar en este irracional juego al que se ha ido llegando de la réplica, y donde ya no nos gobiernan con actos sino a través de declaraciones mediáticas y donde pareciera tener la razón el que más espacio publicitario paga".
 
 
En su opinión, "las verdaderas intenciones de grupos que viven de la injuria y la mentira" es obligar "a que funcionarios y personas probas, frente a tanta mentira y exposición pública, deban irse a su casa dejándoles los lugares a todos los que han hecho del agravio un modo de vida, un método para llegar a la política envilecida, donde a los que quedan poco les importa la honra o no los lastima la injuria ni la calumnia". 
 
 
Casi 12 años después, la causa pasa al Superior Tribunal de Justicia. Y, ante la posibilidad de un fallo adverso, Martínez de Sucre deja "ya reservado el caso federal", adelantando que también recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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