Planta potabilizadora: Bertone decidió intervenir y designó a Pombo

Con un texto que fue leyendo, con los datos históricos desde la priorización de la obra, los pasos que se fueron dando y la situación actual, la mandataria justificó la intervención del gobierno, para resolver la demanda de agua de la población.

Recordó que debía realizarse en dos años, a contar desde 2011, cuando era intendente Jorge Martín, y denunció demoras de “siete meses” como promedio, para el pago de certificados, entre otras supuestas irregularidades.

También dio a conocer que están impagos todas las certificaciones por redeterminación de precios y, de reactivarse, faltaría más de un año para poder finalizarla todavía.

“Del análisis de las actuaciones, se concluye que hubo falencias que han provocado que, después de cinco años que se toma la decisión política de realizar la obra, la misma está paralizada, y aun son necesarios 18 meses de trabajo para finalizarla”, remarcó.

Además expuso la falta de controles del gobierno provincial anterior y trabas permanentes que habría puesto los tribunales de cuentas provincial y municipal.

“No existe en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos ningún instrumento legal que determine cuál es la relación y la responsabilidad de la provincia y el municipio para la ejecución de la obra; no es claro a quién le corresponde el rol de contralor administrativo, legal y técnico de la obra. Hay intervenciones de la auditoría interna de gobierno, del Tribunal de Cuentas de la Provincia y del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Río grande, que ha tenido excesivas demoras”, criticó.

“No hay auditorías técnicas y las auditorías de los tribunales son sólo contables”, marcó como uno de los puntos que originaron reclamos de Nación para pagar certificaciones.

“Es permanente y reiterado el desfasaje entre el avance real de la obra y la curva de inversión, lo que lleva a pedir repetidas actualizaciones y la consiguiente ampliación del plazo contractual. Y hay ausencia en la supervisión y control de parte de la provincia”, subrayó.

En consecuencia, a su criterio ve “una inoperancia, que conspira contra el desarrollo normal de la obra” y decidió intervenirla: “Yo he dispuesto una serie de medidas para la inmediata puesta en marcha de la obra, porque la falta de agua en Río Grande es acuciante y es una emergencia social y ambiental, y para mí es una prioridad”, dijo.

“Se trata de medidas económicas y financieras, con el objeto de normalizar el envío de fondos de parte del Fideicomiso Austral”, señaló.

Entre ellas hay un pedido de “modificación del presupuesto general de administración del ejercicio 2016, para asignar 591 millones al fondo del Fideicomiso Austral”, que “va a permitir regularizar el pago de certificados para poder avanzar”.
Además decidió incorporar en carácter de adscripto a un “administrativo con mucha experiencia, ad honorem”, que pertenece al gobierno nacional, “para seguir este tipo de expedientes”.

Finalmente informó sobre la “inclusión de Mariano Pombo para que coordine con la Municipalidad de Río Grande y la empresa contratista la inmediata puesta en marcha de la obra”, quien va también a supervisar la obra. Para facilitar y agilizar las auditorías administrativas y técnicas, vamos a coordinar con los tribunales de cuentas del municipio y la provincia quién va a hacer la intervención. No puede ser el entorpecimiento que uno encuentra en estos organismos y acá tenemos dos intervenciones superpuestas”, sostuvo.

Respecto de la redeterminación de precios, quedará sujeta al decreto nacional 916/2016, dado que la gobernadora anunció la adhesión de la provincia, considerando que “es una herramienta válida”.