Reforma a la ley del IPV: “El número es poco, pero nos permite fortalecernos”, dijo Javier Branca

El proyecto que habían elevado era mucho más ambicioso y pretendían que la mitad de los fondos de vivienda se destinara a esta modalidad, luego de la construcción de las primeras 10 unidades en las que demostraron que se podían abaratar los costos y mejorar incluso la calidad.

En principio expresó su disconformidad con el porcentaje que terminó aprobando la Legislatura, pero no obstante, se mostró satisfecho por haber tenido eco “luego de ocho años presentando proyectos”.

“Es un avance y preferimos dar un paso antes que estar anclados. Los fondos van variando de acuerdo a lo que gira nación, pero más o menos la cuenta que sacamos en la Legislatura da unas 24 viviendas por año, porque las hacemos sin sobreprecios. Evidentemente es poco, pero en cuatro años el IPV aprobó un proyecto por 39 viviendas y nos dio el dinero para menos de 5. Si van a ser 24 ó 25 viviendas por año, es un avance y es mejor que nada. Cuando nos dieron el dinero para menos de 5 viviendas, hicimos 10, que le han dado un techo a diez familias y demostró que es posible construir a través de cooperativas, sin sobreprecios, sin lucro, y haciendo algo digno”, subrayó.

Destacó que “la mayoría de los legisladores estuvo en el barrio, recorriendo las casas, y todos hicieron comentarios y la comparación de costos, porque además se compra todo acá y se ahorra un millón de pesos por casa. Las viviendas son más grandes y están totalmente terminadas. El IPV sabe esto claramente y ha tenido que ceder un 5%, que es poco, pero ha aperturado algo que nos va a permitir ir a pelear por más”, planteó.

“Con los resultados, podremos demostrar que es necesario ampliar ese 5%, que se empieza a aplicar no el año próximo sino en 2020”, aclaró Branca. Explicó que el argumento planteado por la legisladora Martínez Allende es que “hay 29 viviendas que tenemos pendientes todavía del plan original, y si comenzaba a ponerse en práctica la ley a partir de 2019 afectaba los fondos de vivienda”.

La ley tiene un plazo de 60 días para la reglamentación y la cooperativa aspira a lograr incluir en el corto plazo el “compre fueguino”, que quedó fuera en esta reforma. “Nosotros presentamos un proyecto de ley que no era solamente para las cooperativas, sino para personas físicas, como los vecinos de la urbanización General San Martín, de la Margen Sur, de los asentamientos en la ladera que ya tienen su terreno con título, para que se les permita acceder a un crédito del IPV. Nuestro proyecto era para la comunidad en general y quedó reducido a las mutuales y cooperativas. Nosotros habíamos planteado la línea de autoconstrucción, que hace más de un año no tiene el IPV, y que se destine un monto fijo. El otro punto fue el compre fueguino, que fue omitido. La legisladora Mónica Urquiza pidió en la sesión que se incorporara, pero el resto de los legisladores dijo que no. En este momento tan endeble para las fuentes de trabajo, no es lo mismo comprar los insumos en el norte que en la provincia. Nos dijeron que este tema lo veríamos el año que viene”, señaló.

En resumen, consideró que esta reforma “es un paso importante por el reconocimiento explícito del estado de que el IPV viene fracasando, pagando fletes a las empresas para que compren en el norte los materiales, generando casas más caras y que en muchos casos no cumplen las normas de seguridad. Es un reconocimiento a regañadientes, pero un reconocimiento al fin, que se materializa en este número de viviendas que es poco, pero nos permite consolidarnos y fortalecernos”, concluyó.