Tarifa social eléctrica: El proyecto establece que la Dirección de Energía debe financiar el subsidio de Ushuaia y de Río Grande

La diferencia deberá ser cubierta por la Dirección General de Energía y la novedad radica en que no sólo tendrá a su cargo a los usuarios de Ushuaia y Tolhuin, que están dentro de su jurisdicción, sino a los de Río Grande que son usuarios de la Cooperativa Eléctrica.

El presidente de la Dirección Provincial de Energía Alejandro Ledesma había adelantado la imposibilidad de hacer frente a subsidios en el contexto actual, sin aumento de tarifas hace más de dos años y con un incremento de costos que, desde diciembre a la fecha, se duplicó en materia de gas de generación.

También anticipó que tanto la Cooperativa como la DPE iban a “volcar” de implementarse este subsidio pero, con la letra del proyecto sobre la mesa, solamente deberá hacerse cargo del costo la dirección provincial.

Así está expuesto en el asunto 431/18, que fue girado a las comisiones de energía, presupuesto y legislación general. Establece que la tarifa social será “el monto a abonar por el usuario, beneficiario del régimen, el que será igual o inferior al 50% del precio pleno del servicio”.

Hoy la DPE cuenta con un subsidio del 50% para jubilaciones mínimas y personas con incapacidad laboral, pero el proyecto extiende el beneficio a “jubilados y pensionados por un monto equivalente a dos veces el haber mínimo nacional; empleados en relación de dependencia que reciben una remuneración mensual bruta/neta igual o inferior a dos Salarios Mínimo Vital y MóviI (SMVM); beneficiarios de programas sociales; electrodependientes: inscriptos en el Régimen de Monotributo Social; personas incluidas en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico (artículo 21 Ley 25.239); beneficiarios del seguro de desempleo; veteranos de Guerra del Atlántico Sur que sean beneficiarios de Pensión Vitalicia y personas discapacitadas que cuenten con certificado de discapacidad expedido por autoridad competente”.

Además, incluye a “toda persona en estado de vulnerabilidad social o que acredite por cualquier medio de prueba la imposibilidad material de abonar el precio de la tarifa ordinaria del servicio público de electricidad”.

Para el caso de Río Grande, donde el servicio lo provee la Cooperativa Eléctrica, “el gasto que demande la presente será incorporado al presupuesto de la Dirección General de Energía”, dispone el proyecto, habilitando la posibilidad de readecuar partidas y, en caso de no ser suficientes, se faculta al Ejecutivo a “aumentar el presupuesto del ente con cargo a rentas generales”.

La tarifa social eléctrica estará vigente entre los meses de mayo y septiembre, que son los de mayor consumo, y el monto a abonar por el beneficiario “puede ser igual o inferior” al facturado.