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Torturas durante la guerra de Malvinas: El CECIM La Plata se reúne con el juez federal Calvete

Hoy a las 12 está prevista una audiencia entre representantes del centro de excombatientes de La Plata y el juez federal Federico Calvete, vinculadas con el trámite de la causa por torturas en Malvinas que tiene a 95 militares denunciados, en la que además se expondrán amenazas a los denunciantes.

jueves 01 de noviembre de 2018
Torturas durante la guerra de Malvinas: El CECIM La Plata se reúne con el juez federal Calvete

El secretario de Derechos Humanos del CECIM La Plata, Ernesto Alonso, recordó a Radio Provincia que son querellantes de una causa “iniciada en 2007” y afirmó que “tenemos grandes avances en el proceso de investigación. Hemos aportado gran cantidad de prueba y este año hubo un pedido de indagatoria del fiscal de Río Grande Marcelo Rapoport. Hay alrededor de 120 hechos denunciados en la causa y unos 95 militares imputados, y se están investigando las distintas unidades que participaron en Malvinas. En este caso se investigó particularmente el regimiento 5, que tenía asiento en la provincia de Corrientes y ocupó posiciones en la isla Gran Malvina. Ahí hay alrededor de 26 militares que fueron llamados a indagatoria por el fiscal. A partir de la sentencia favorable que obtuvimos en la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, están dadas las condiciones para avanzar, dado que se había pedido la prescripción y esto se negó por tratarse de delitos de lesa humanidad”, sostuvo.

 

En este nuevo encuentro con el juez Calvete se sumarán denuncias “de una campaña de amedrentamiento que está sufriendo parte de los querellantes y de las víctimas por parte de los imputados. Se utilizan mucho las redes sociales con imágenes para ejercer violencia, muchos están vinculados con algún medio de comunicación que se presenta en los domicilios de los denunciantes con cámaras de filmación para amedrentarlos. Es una serie de situaciones y vamos a dejar las pruebas en el juzgado, porque esto dificulta el proceso de investigación. La justicia debe garantizar tranquilidad a todos los que fueron víctimas y que se reparen estas graves violaciones sufridas”, reclamó. 

 

Todavía esperan la “prisión preventiva e indagatoria inmediata para los imputados por estas graves violaciones”, que siguen libres a pesar del transcurso del tiempo y de contar con material probatorio suficiente para llevarlos a un juicio oral según aseguró el Dr. Jerónimo Pereyra Iraola, abogado del CECIM. El letrado recordó que las denuncias de violaciones a los derechos humanos incluyen estacamientos, castigos corporales como hacer permanecer arrodillados por horas a los soldados, vinculados muchas veces con racismo y xenofobia hacia los soldados del interior, y la “tortura famélica, que sobrevenía como un castigo ante la necesidad de los soldados de salir a buscar comida frente a una situación de desnutrición”. 

 

“Son las prácticas por las que estamos solicitando que se lleve a juicio a los imputados. La causa tiene unos 25 cuerpos, con más de 120 denunciantes y 95 denunciados, realmente es de dimensiones muy grandes. La expectativa es la que debe ser: desde el CECIM La Plata nos asiste el derecho local e internacional, la jurisprudencia en verdad y justicia de los últimos años, y no hay mucho margen para que no suceda otra cosa que el juicio oral y público para las personas denunciadas”, sentenció.

 

“Las pruebas están en las declaraciones de las víctimas, en los documentos desclasificados, en los testimonios que brindan personas que vieron cómo le sucedía esto a otros compañeros y también son víctimas de tortura psicológica. Esto también deja secuelas muy marcadas. Prueba hay de sobra y he visto condenas en casos con muchísimo menos material probatorio. Es extraño que, frente a los estándares de la justicia en muchos casos, no aplique la misma vara en este”, subrayó, en un llamado de atención al Poder Judicial.

 

Aseveró que “en esta causa no se ha cumplido ningún plazo, y esto sitúa al estado en una situación de mora. No sólo estamos evaluando la violación de los derechos humanos en 1982 sino que estamos en presencia de nuevas violaciones a los derechos humanos por parte del Poder Judicial de la nación, que en 11 años de vida de la causa no ha dado respuestas a las víctimas”, concluyó.

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