Torturas en Malvinas: Abogados de militares acusados piden la suspensión y posterior destitución del fiscal Rapoport

Hace pocos días la juez federal Mariel Borruto decidió suspender sin fecha las indagatorias a los militares, que debían comparecer según el cronograma que había dispuesto el ex juez subrogante Federico Calvete. La magistrada argumentó “falta de espacio y personal” para avanzar con las indagatorias, y todavía no definió nuevas fechas.

El lineamiento de los jueces anteriores, tanto de Lilian Herráez como del subrogante Calvete, fue diferente de la postura de la flamante magistrada, y de la que sigue sosteniendo el fiscal Rapoport, ahora con un pedido de “destitución” de esta asociación civil ligada a Claudio Kussman, un comisario condenado por delitos de lesa humanidad.

La presentación fue realizada por los abogados Guillermo Jesús Fanego y Hernán Guillermo Vidal, con el patrocinio letrado de los Dres. Elena Genise y Marcelo Llambías, en nombre de la asociación, y también avanzaron sobre el ex secretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pedro Vassel, y sobre el propio Adolfo Pérez Esquivel, premio nobel de la paz y presidente de la comisión provincial de la memoria bonaerense, quien es querellante junto con el CECIM La Plata.

El fiscal Rapoport fue denunciado por su intervención en la causa Nº 63001777, del año 2007, caratulada “Pierre, Pedro Valentín y Otros s/Delito de Acción Pública”, donde se analiza la actuación de militares argentinos acusados de torturar la propia tropa. Piden el jury de enjuiciamiento contra el fiscal y posterior destitución, por acusar a los militares de estaqueamientos y enterramientos, entre otros castigos que aplicaron como medidas “disciplinarias”. El fiscal planteó estas torturas como delitos de “lesa humanidad”, que los convierte en imprescriptibles.

En la causa se sumaron testimonios recogidos por Pablo Vassel, ex Secretario de Derechos Humanos de Corrientes, quien además de torturas denunció la muerte por hambre de tres soldados de su provincia. Parte de la prueba aportada provino de la desclasificación de los informes militares, dispuesta en 2015 por la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, de donde surge una enorme cantidad de nuevos casos de tortura.

Por estas actuaciones de los militares, la Comisión Provincial de la Memoria bonaerense, que preside el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, se presentó como querellante junto con el CECIM La Plata, quienes llevan doce años litigando y a la espera de las indagatorias que, teniendo fecha establecida, fueron suspendidas por la jueza Mariel Borruto.

Los denunciantes del fiscal Rapoport sostienen que “las consecuencias derivadas del modo de llevar adelante las acciones militares fueron juzgadas y analizadas en el ámbito propio de las fuerzas armadas”, y citan como antecedente la causa contra el subteniente del ejército Jorge Eduardo Taranto, a quien se le dictó el sobreseimiento en un tribunal de la Capital Federal. Posteriormente Taranto solicitó el cierre de la causa en el juzgado de Río Grande, por considerar que la acción penal había prescripto, pero la solicitud fue rechazada en primera instancia y, luego de la apelación, nuevamente por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. En ambos casos se consideró que los delitos de los que fue acusado son “de lesa humanidad y por ende imprescriptibles”.

Taranto fue en casación y logró que en 2009 la Corte fallara a su favor. La Cámara de Casación Penal había argumentado que “al no afectar a la población civil dichos delitos, no eran de lesa humanidad”, y la Corte Suprema rechazó el recurso de queja planteado por los excombatientes.

Para la asociación civil, el fiscal Rapoport incurrió “en mal desempeño de sus funciones”, por lo que decidieron avanzar con la correspondiente denuncia, en la que se pretende exculpar a todos los militares enjuiciados por delitos similares a los del subteniente Taranto, que resultó sobreseído.

“Los delitos endilgados a Jorge Eduardo Taranto son de la misma especie y naturaleza que los que pretende el enjuiciamiento de los veintiséis oficiales y suboficiales que, por iniciativa del Fiscal denunciado y las querellas se pretende su detención y enjuiciamiento insistiendo en que se trata de delitos de lesa humanidad, desoyendo lo resuelto por la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, manifiestan en la presentación.

Para los denunciantes, el fiscal de Río Grande se encuentra “empecinado en la pretensión de enjuiciar a oficiales y suboficiales del Ejército Argentino”, y remarcan que el fiscal debe dejar de lado “las cuestiones ideológicas” que se evidencian en el dictamen mediante el cual solicita detenciones e indagatorias.

Asimismo, cuestionan a los excombatientes que hace años esperan una reparación, y vienen denunciando torturas con “mendacidad”, además “inducidos e instigados bajo engaños y falsas promesas remuneratorias”.

“El accionar de los querellantes debió ser advertido por el fiscal denunciado en este acto pues surge evidente que estamos frente a una maniobra espuria cuya única solución posible debió ser el rechazo in limine”, dicen.

“Tanto Vassel como los restantes querellantes han tratado de manipular a ex soldados combatientes de Malvinas prometiéndoles recompensas económicas y operando para concertar declaraciones alejadas de la realidad, tergiversando los hechos acontecidos”, agregan los miembros de esta asociación de “defensa de derechos”, y equiparan la pretensión a las indemnizaciones percibidas por las víctimas de la dictadura.

Como primera medida, piden la suspensión de Rapoport en sus funciones mientras se sustancia la instrucción sumaria y se juzga su conducta. De comprobarse la conducta denunciada, requieren que “se proceda a la destitución del mencionado, por mal y malicioso desempeño, se ordene la actuación de oficio por falso testimonio de los denunciantes, se ordene la actuación de oficio por el delito de inducir e instigar a cometer delitos a Pablo Vassel, y se ordene una investigación para establecer la procedencia de los fondos con los que se solventaron los gastos de traslado y hospedaje de los denunciantes desde sus provincias a Río Grande. De comprobarse una posible defraudación al Estado, se sustancie la actuación correspondiente”.