El Gobierno nacional cerró el proceso de investigación por pesca ilegal en Malvinas relacionado con la empresa Pesantar

El 22 de diciembre de 2014 un ex empleado de Pesantar, Juan Benegas, presentó formalmente una denuncia ante la Subsecretaría de Pesca de la Nación en la que informaba que su empleador formaba parte del Grupo empresario japonés Nissui y que otra empresa del Grupo radicada en Chile, Endepez, tenía relación con el gobierno de ocupación de Malvinas, del que había obtenido una licencia de pesca. Como prueba, Benegas presentó un mail que por error había caído en sus manos y certificaba sus dichos. Esta situación representaba una infracción a la Ley Federal de Pesca por parte de la firma Pesantar que, de corroborarse, tendrían graves consecuencias.

A los pocos días, el 13 de enero de 2015, el Grupo Newsan compró Pesantar y desde entonces la posibilidad de mantener el permiso del único barco de la firma, el Echizén Marú, como así también su importante cuota de merluza negra, se encontraba supeditada a la resolución del sumario. Newsan siempre sostuvo ser comprador de buena fe y desconocer la existencia del sumario al momento de adquirir la empresa.

En los primeros 8 meses del proceso administrativo se comprobó la existencia de la infracción, la relación de Nissui con Pesantar hasta el 9 de enero de 2015 y la actividad pesquera del barco Unión Sur de la chilena Endepes, en aguas argentina bajo dominio inglés. En abril de 2016 los infractores se allanaron reconociendo su culpabilidad y pagaron una multa de 7 millones de pesos, acto que fue festejado por el Gobierno nacional que seguía sin resolver la cuestión de fondo.

Ya a fines de 2015 el dictamen estaba listo para la firma del Secretario, pero los sucesivos funcionarios que pasaron por el cargo fueron dilatando la resolución y recién el 17 de agosto de este año el secretario Guillermo Bernaudo dio por finalizado el proceso, declarándolo abstracto, considerando que ya no tenía sentido sancionar a la empresa dado que había cambiado de dueños, y decidió no aplicar las sanciones que le hubieran correspondido por considerar que eran desmedidas y arbitrarias.