“En una semana tuvimos cerca de veinte cancelaciones”, celebró Montes

En diálogo con Radio Nacional Ushuaia, Montes dijo que “cuando firmamos los boletos de compra-venta tenemos una restricción para evitar la especulación. Por 10 años la vivienda no puede ser cancelada. Hoy se está levantando esto para las personas que hayan recibido la vivienda del 2013 hasta esta parte”.

Asimismo, mencionó que “recién este año modificamos la reglamentaria de recupero. Por la gran cantidad de adjudicatarios, vemos que los saldos no son significativos y las personas pueden pagar la totalidad y conseguir la titularidad de sus viviendas. Además, están quienes tienen la bonificación correspondiente por el pago anticipado”.

A modo de ejemplo, la Presidenta del IPVyH contó: “En una vivienda recibida en 2005, le faltan 12 años para terminar de pagar la vivienda. Tendrán un 1% de bonificación por cada año. Serían 12% de bonificación en total. Hoy una persona pagó su vivienda en 59 mil pesos”.

“Hay una persona a la que le faltan 18 años y pagó su vivienda en 191 mil pesos. Tenemos viviendas entregadas hace 28 años y las cancelaron con 4500 pesos. Una vivienda entregada en 2015 no tiene bonificación y se terminó de pagar con 982 mil pesos. Hay gente que nunca regularizó los lotes en Margen Sur y con 203 mil pesos ya tiene la titularidad. El beneficio es grande”, detalló.

Además, aseguró que necesitan “liquidez y sanear nuestro padrón de adjudicatarios. Queremos que el expendio administrativo se agilice. Hay personas que le faltan 12 años y son 59 mil pesos ¿el IPV debe seguir con trámites administrativos para sostener una cuota que no es significativa?”.

“Tenemos un recupero de 8 mil adjudicatarios que representa 40 millones de pesos mensuales”.

Una vez iniciado el trámite “Se genera la disolución del contrato con el IPV por lo que cada adjudicatario podrá hacer lo que cualquiera con su propiedad privada. Salvo las que no cumplieron 10 años de entregadas, que no podrán ponerse como alquiler temporario. No tenemos poder de policía, pero informaremos de esto”.

También aclaró que “las últimas que entregamos fueron las ecológicas. Puede venir una persona y cancelarla, pero no puede alquilarse en 9 años. La mayoría de los adjudicatarios viven en la vivienda que entregamos. Esa mayoría puede usarla para ponerlas en garantía y sacar créditos. También para que se mueva el mercado inmobiliario”.

Por otro lado fue consultada por la ejecución de escaleras de emergencia en Río Grande y contó que “es una obra que ha sido bastante problemática. Tenemos la voluntad de terminar todas sus obras. Tiene que ver con fondos propios. No se le cobrará a ningún consorcio, corre por cuenta del Estado. Esto es por decisión política. Apuntamos a quienes esperan una solución habitacional y no a quienes ya la tienen. Atacamos el tema de fondo, que es la educación en los consorcios”.

Montes fue crítica de la “falta de consenso y sentido común” de algunos propietarios y manifestó que “el IPVyH pertenece al Estado y tiene un perfil social, aunque a veces es muy difícil instar a las personas a que apliquen el sentido común. Hay muchas personas que anhelan vivir en una propiedad unifamiliar, pero es lo que les tocó”.

“¿Cómo un ente del Estado le tiene que decir a una persona que no puede poner una bicicleta en una salida de emergencia? Yo deseo que evolucionemos como sociedad. No podemos meterle siempre la culpa al Estado. Yo doy fe de que el IPV siempre llevó soluciones”.

Al mismo tiempo, expresó que “esta intervención se puede llevar adelante cuando el contexto lo permita, hoy no es así. La gente se tiene que hacer cargo de sus propias instalaciones. Hoy cada familia tiene a sus hijos fueguinos y se quieren quedar acá. Yo deseo que en este punto también se resuelva”.

Finalmente, Montes criticó que “la gente piensa que el Estado tiene que estar permanentemente encima. Tenemos 8 mil personas esperando viviendas, nuestros recursos tienen que estar abocados a esto, no a la gente que ya tiene su vivienda”.

“Entonces, para sintetizar, el IPV va a terminar estas obras, pero dudo que se vayan a hacer más de este tipo. Estamos abocados a otra problemáticas, que es la falta de soluciones habitacionales. Quedará en segundo plano a quienes ya tienen la suya. Podría haber créditos para quienes quieran hacer sus escaleras, pero no será un gasto por parte del Estado”, concluyó.