“Salió en los medios que había una fuga o una evasión, y no es así”

El funcionario explicó que Flores “no se escapó. No usó violencia en las personas, ni fuerza en las cosas. No rompió ningún barrote. Él tenía un permiso en virtud de una autorización, y no volvió. No es una fuga, ni una evasión, no configuró ningún delito”.

Ciares expuso que “Flores Talquenca está privado de la libertad desde el 2020. La causa es por homicidio culposo, agravado y dependía del doctor Isidoro López. Él tenía una pena anterior, por estupefacientes, y la pena se unificó. Esto vence en el 2027”.

“Tenía que presentarse el 10 de septiembre a las 22 horas. Como el plazo no se cumplió, se lo notificó al Juez y se ordenó el pedido de captura, dirigida por oficio a las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas de la provincia”, siguió.

“Talquenca pedía estar al cuidado de su hija. Gozaba de estos permisos desde el 23 de diciembre de 2023. Tenía salidas diarias”.

Sobre su captura, narró: “El sábado pasado, personal de Delitos Complejos lo encontró en Río Grande, en la zona Austral, en un quiosco llamado La Bahía. Se hicieron las actuaciones de rigor y quedó alojado en la Unidad N° 1 de Río Grande”.

Y aclaró que “por ahora tiene suspendida todo tipo de salidas. Tendrá fecha con el Juez de Ejecución, cuando podrá hacer su descargo junto a su defensa”.

También habló sobre la situación del Sistema Penitenciario y relató: “presentamos proyectos para ampliación de espacios en ambas jurisdicciones. Tenemos internos en Río Grande y en Ushuaia; igual que femeninas distribuidas en distintos puestos. Es complicado a la hora de moverlos. Una persona privada de su libertad tiene autorización para estudiar, trabajar o hacer actividades recreativas”.

Respecto a estas complicaciones, recordó: “Se modificó la Ley de Ejecución, por la 27.375, el artículo 30 habla de 11 tipos penales, que no acceden a beneficios anticipados como salir a trabajar, la semilibertad, la salida transitoria, la libertad condicional y la salida asistida”.

“La semilibertad y salida transitoria se pueden dar a mitad de la pena. La condicional es cuando no vuelven al establecimiento de la pena y la asistida es 6 meses antes. Esto se suprime hoy. Entonces, los delitos contra la integridad sexual no podrían acceder a ningún tipo de beneficio. Eso es lo que dice la norma”, continuó.

Es por ello que “las penas graves no dan posibilidad de una salida anticipada, por lo que es muy difícil ubicarlos en nuevos lugares, porque no hay progresividad del régimen”.

Ciares mencionó que “tenemos un crecimiento poblacional del 23% anual. Tenemos 327 masculinos, 6 mujeres y 25 internos que custodiamos por tobilleras”.

Al mismo tiempo, enfatizó: “Cuando pensás en una persona privada de la libertad no es solo una cama, tampoco. Los delitos de integridad sexual están abocados a los tratamientos psicológicos. Necesitás espacios terapéuticos adecuados. Nos guste o no, por muy elevada que sea la pena, estas personas van a reincorporarse a la sociedad. Ahí es donde cobra vital importancia este trabajo”.

El inspector general analizó que “el Servicio Penitenciario cobra vital importancia, porque estas personas van a salir. La pena más alta es de 50 años. Hay personas que tienen perpetua, con penas elevadas, que no pasan los 25 años. Es decir que en algún momento van a salir todos”.

Respecto a las posibilidades laborales de los internos, destacó que han “hecho algunas reparaciones y arreglos en las escuelas. Hemos ido a pintar diferentes escuelas. Estamos haciendo bancos para los jardines. También hacemos reparaciones, cuando nos lo piden”.

“Hemos solicitado herramientas como máquinas para soldar y pintar, Educación nos las ha comprado y la población penal hace los arreglos. Esto es voluntario. Los privados de la libertad acceden. Son de 5 a 10 internos que pintan por escuela. Lo hacemos siempre”, relató.

Mientras que en educación, cuentan con “primario, secundario y terciario. Además, está Alas de Libertad. El Gobierno de la Provincia nos ha enviado docentes para estos oficios. Hay una muy buena respuesta. Casi el 90% de la población carcelaria está estudiando”.

“Quienes pueden pagar su universidad están estudiando abogacía. En Río Grande hay 3 que se están recibiendo de abogados”.

El Director del Servicio Penitenciario también opinó sobre los proyectos que buscan bajar la edad de imputabilidad: “El derecho es transversal a otras ciencias. No hay que decir solamente ‘va a bajar la edad de imputabilidad’ ¿Cuánto nos va a costar eso? Nada de lo que ocurre es gratis. Bajás la edad y privás de libertad a menores ¿Van a  depender del Servicio Penitenciario? Hay que formar personal adecuado, porque no los puedo mezclar con el resto. La edad y la madurez son distintas”.

Sobre esto, indicó que “podría pensarse en crear una institución distinta para esta población. Si no, formar personal adecuado, en un lugar distinto. Hay cuestiones que tienen que evaluarse con profesionales en la materia. Tenemos un gabinete interdisciplinario. Ya es complicado trabajar con mayores y hacer una diferenciación”.

“En el discurso es maravilloso. Bueno, ¿quién lo va a cuidar?, ¿cuánto va a salir? La economía cobra vital importancia en una política pública”.

Finalmente, entendió que “estamos viendo la solución, pero no trabajamos sobre las instituciones que fallaron, ni sobre la familia y las drogas. Tenemos que hablar de políticas de prevención, más que de políticas de aplicación o política penal. Hay otras cosas que deberíamos pensar antes de privarlos de la libertad. Porque esto es lo máximo que el Estado puede hacer sobre una persona”.

“Dentro de nuestras necesidades fisiológicas está la de movernos. Si te quito esta posibilidad es como impedirte orinar, defecar o tener relaciones sexuales. Movilizarse es una necesidad fisiológica. Progresar forma parte de esto. Es gravísimo restringirlo a una persona de 15 años”, culminó.