“Se pueden adoptar medidas, pero hay que tener voluntad política e ingenio”

El referente del MPF explicó que “la idea es ponernos de acuerdo entre todos y dotar al sistema de una herramienta que permita ser útil para garantizar recursos para el área de seguridad. No solo incluyendo al Servicio Penitenciario, sino a la policía de la Provincia que tiene problemas en el parque automotor, adquisición de software e infraestructura”.

Asimismo, señaló que buscan “usar este proyecto de base, para que entre todos podamos ponernos de acuerdo y sacar la mejor ley, que sirva para afectar recursos económicos y resolver no solo las serias falencias del sistema penitenciario en materia de infraestructura, sino por otras cuestiones. También carecen de móviles; hoy en día la prestación médica es casi inexistente; lo que hace a la existencia de profesionales en materia de salud mental, también”.

“Hay una serie de factores que atraviesan a las dos áreas más importantes de seguridad. La idea es ayudar, colaborar y poner en agenda este tema que venimos planteando hace años”, siguió.

Además, contó que planteó “algunas objeciones” al proyecto que presentó el Ejecutivo: “Particularmente por el financiamiento. Afectaban los mismos recursos que estaban destinados a la Emergencia de Infraestructura Escolar. Si bien la emergencia expiró en octubre, uno plantea que si van a afectar los mismos recursos, ¿cuál fue el ejecutado en infraestructura escolar? Uno recorre los colegios y ve que sigue habiendo problemas”.

Y consideró que “por eso era importante tener la palabra del Ministro para saber si esa plata ya no era necesaria, o si el mismo dinero puede afectarse a otra área. Hay cuestiones que deben resolverse y debe esclarecer el Ejecutivo”.

Villegas manifestó que no tiene “problemas en dotar al Ejecutivo con herramientas no tradicionales para la infraestructura, como puede ser la iniciativa privada o público-privada. Hay otros lugares del mundo en el que los privados invierten. Es cuestión de plantearlo de manera inteligente y reconociendo realidades”.

Al mismo tiempo, indicó que “la Provincia no ha afectado recursos propios para la construcción de una cárcel. No lo hará en los próximos cuatro años. No lo vas a hacer con recursos propios, y a nivel nacional tenés un Presidente que paralizó la obra y te dice que la infraestructura será responsabilidad de las provincias. Tenés que tratar de buscar otro tipo de herramientas e iniciativas”.

“Es cuestión de ponerle ingenio y voluntad. Siempre y cuando se deje en salvaguarda el respeto a las personas privadas de la libertad”.

Sobre la construcción de cárceles bajo la iniciativa privada, dijo: “Sé que genera resistencia. Si vos no vas a afectar recursos provinciales y no tenés recursos nacionales, tenés que buscar alternativas. El problema va a ir aumentando”.

El Legislador advirtió que “tenés una sentencia del juez de Ejecución que dictó un plazo de 6 meses para que descomprima el hacinamiento de la Alcaldía. Hay tres veces más gente de la que debe haber. También fijó un plazo de 30 meses para dar inicio a la construcción de una unidad carcelaria. No vas a tener una cárcel en dos años y medio, pero tenés que tener un proyecto adaptado”.

No obstante, ponderó que “el perfil fueguino es distinto al de los presos de Buenos Aires. Eso te permite tener costos más bajos que los de una cárcel de máxima seguridad. No es el único problema del sistema de seguridad. Los patrulleros están destruidos, y muchas veces se arreglan del bolsillo de los policías”.

“Uno está abierto y dispuesto a acompañar una herramienta que permita, en los hechos, mantener los estándares de seguridad, y dotar a la policía de los elementos necesarios. Por otro lado, ir viendo cómo se puede resolver este gran problema de infraestructura policial. Hay datos e indicadores duros, que muestran que por año van a tener un aumento de internos que oscilan entre un 11 y un 20%”, subrayó.

“Es mucho más legítimo construir una escuela, que construir una cárcel. Ahora el Estado tiene como funciones prioritarias la administración de justicia, seguridad, salud y educación. Seguridad incluye tener las unidades carcelarias correspondientes”.

Villegas reconoció que “no es un problema de los últimos tres años, sino de los últimos 20. Para eso hay que tener decisión política y usar herramientas para incentivar en el privado la construcción de una unidad carcelaria”.

Por otro lado, la duración de la emergencia “será un tema a hablar. Habrá que ver qué resuelven los legisladores. En un momento el Ejecutivo tenía pensado afectar 5 mil millones de pesos por dos años. Para mí se quedaron cortos, frente a las necesidades del sistema”.

Para cerrar, criticó que “en el proyecto del Ejecutivo se ponían pautas de afectación de recursos que eran ambiguas y vagas. Por ejemplo, para afectar servicios no personales. En esto tenés publicidad, viáticos, pasajes y asesoramiento. Yo no voy a votar una Ley de Emergencia prestando recursos para que después se afecten al pago de pasajes”.