“Me parece una locura vender empanadas cuando con los desarraigos nos sobra plata”

Una serie de audios filtrados del diputado nacional Santiago Pauli (La Libertad Avanza) revelan las conversaciones en las que el legislador fueguino analiza con un puntero de su espacio un mecanismo para desviar fondos del adicional por desarraigo con el fin de solventar gastos partidarios, contradiciendo el discurso oficial de su espacio político sobre transparencia y austeridad.

La conversación se inicia cuando el puntero plantea la necesidad de recaudar fondos y propone organizar una venta de empanadas entre los militantes. Pauli desestima de plano la idea con una frase que resume su enfoque: “Me parece una locura que tengamos que vender empanadas para pagar los alquileres, cuando entre los desarraigos de la gente de Río Grande nos sobra plata”.

Acto seguido, el diputado consulta el monto exacto del desarraigo –que sería de $496.000– y expone su estrategia: “Va a dar de baja todos los contratos para poner gente que cobre y nos pase el ciento por ciento del desarraigo”. Y especifica: “Con esos cuatro contratos cubrimos alquiler y expensas de los dos locales”. Y continuó: “No es sueldo, es viático”

En lo que parece ser un intento por diferenciar su práctica de otros mecanismos de financiamiento, Pauli traza una delgada línea argumental: “Nunca pedirles un peso del sueldo. Nosotros decidimos hacer lo del desarraigo, que no es sueldo”. Según su interpretación, al tratarse de un viático no utilizado –supuestamente porque los beneficiarios ya residen en la ciudad–, su reintegro sería éticamente aceptable.

El enojo del legislador se dirige especialmente contra quienes, según su relato, habrían incumplido el acuerdo: “Cuatro personas habían acordado ceder el total del desarraigo, pero no cumplieron. El mes pasado no pagamos porque no entró la plata. ¡Pero la p… madre!”.

Los audios exponen una doble moral que podría tener consecuencias políticas para el espacio que lidera Javier Milei. Ahora enfrenta el desafío de explicar por qué uno de sus legisladores consideraba normal utilizar fondos públicos destinados a trabajadores para financiar la estructura partidaria