“Si esto avanza, lo vamos a discutir administrativa y judicialmente”

En principio, el funcionario aclaró que “el puerto es provincial, administrado por los órganos de control de la Provincia. Si tienen alguna observación será, justamente, desde el punto de vista de las observaciones, pero no pueden tomar posición por algo que no es de ellos”.

“Fue transferido en el año 93 a la Provincia, a través de un convenio. A partir de ahí, se hizo cargo de los sueldos del personal y las inversiones que se realizaron en 1998 y el 2023. Es más, cuando se transfirió, el Gobierno Nacional del doctor Menem transfirió la totalidad de los puertos a consorcios de gestión pública-privada. Algunos fueron privados y otros públicos, como el caso particular nuestro”, señaló.

Asimismo, comentó que tuvo “una conversación con el director ejecutivo de la ANPYN. Nosotros desde un primer momento, cuando la primera consulta fue si habíamos transferido fondos, dijimos que no. La otra fue si habíamos efectuado préstamos a la Provincia. Dijimos que sí, pero eran colocaciones financieras que están devolviendo con intereses. Así que, para nosotros es una colocación financiera”.

“Independientemente de lo que salió en los medios periodísticos para fin de año, que después fue desmentido en medios de noticias portuarias, nosotros solicitamos un pedido de vista al expediente para ver de qué se trata. La concedieron y el estudio jurídico que tenemos contratado está tomando vista, para saber cuáles son las actuaciones, qué se nos está imputando y qué ha pasado con los descargos”, expuso.

Por lo que explicó Murcia, “todo este tema comienza con la Ley de Financiamiento de la OSEF, donde se disponen utilidades del puerto, pero no son utilidades. Nosotros juntamos el dinero para realizar las obras de infraestructura. Recordemos que la ampliación de muelle que se hizo con dinero de la Provincia y la DPP, cuando empezó la obra, el pliego preveía 700 millones de pesos, pero al terminar la obra habíamos pagado más de 2 mil 500 millones”.

Luego, “un personal de la Dirección Provincial de Puertos hizo una denuncia en ANPYN diciendo que no se cumplía con el convenio de transferencia. Cuando se transfirió a la Provincia de Tierra del Fuego se estableció que los fondos del puerto debían ser invertidos en el puerto”.

“Nosotros aclaramos que en ningún momento remitimos dinero a OSEF, pero sorpresivamente ANPYN realizó una inspección”.

El presidente de la DPP aseveró que le “llamó la atención” la inspección de la ANPYN, dado que “es la continuidad de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación. A su vez, el órgano que comenzó esto fue la Administración General de Puertos. Nosotros, con la parte técnica de AGP tenemos infinidad de convenios firmados. La obra de ampliación del muelle es un trabajo en conjunto. Ellos hicieron los pliegos y el llamado a licitación. Nos llamó la atención que vengan a inspeccionar algo que ellos ya conocían. El puerto de Ushuaia no es ajeno”.

“Ahí recibimos una nota donde nos indican falencias. Contestamos con todos los trabajos que estábamos haciendo. De hecho, cuando vinieron estábamos en desarrollo de la obra de ingreso al puerto. Ahí comenzaron las notas y hoy tomamos vista de expediente”, narró.

Consultado por un informe que alerta un bajo porcentaje de recursos al mantenimiento del puerto, aclaró: “Nosotros estamos ahorrando dinero para hacer obras de infraestructura proyectadas: el sector de catamaranes, la ampliación del muelle comercial y el puerto de carga, pesca y logística antártica. No es que no hemos invertido”.

Murcia aseguró que “el puerto sigue funcionando normalmente con la conducción de la Dirección Provincial de Puertos. Podemos ver el funcionamiento. Tenemos buques de pesca, de carga y tres cruceros. El 7 y 8 tendremos 13 buques por día y algunos harán noche. Se sigue adelante con toda la actividad normal del puerto”.

“Hay varios intereses, por la importancia estratégica del puerto. Es uno de los más importantes de Sudamérica. No me extraña que haya muchas pretensiones sobre la terminal portuaria”. 

También criticó las presiones nacionales: “Si nos mandan notas diciendo que analizan una intervención, es una forma de presionarnos. Sin tener en cuenta que es un puerto provincial. Hemos trabajado siempre en conjunto con ellos. Hay una clara intromisión del Gobierno nacional, con su intervención en el área logística local”.

Para cerrar, habló sobre la colisión de dos buques y atribuyó el incidente a condiciones meteorológicas: “Cuando hay más de 32 nudos de viento, Prefectura cierra todas las operaciones porque no están dadas las condiciones de seguridad meteorológica. En una ráfaga, un barco cortó el cabo de popa y se desprendió. Eso llevó a que, cuando se estaba alejando del muelle, rozara otro barco que estaba amarrado hacia la proa. No hubo daños materiales, sino un roce entre ambos barcos”.

“Ha intervenido Prefectura e hizo las presentaciones ante la autoridad marítima. Hacen una exposición que después intervendrá en los seguros de ambas embarcaciones. Se declaran las condiciones: fue una ráfaga de viento en condiciones meteorológicas extremas”, finalizó.