El Superior Tribunal de Justicia impuso medidas de austeridad

Tras no alcanzar los consensos necesarios para sancionar una Ley de Presupuesto, el Gobierno de la Provincia decretó la reconducción de las partidas del año 2025, por medio del Decreto 32/2026. Esto, según el Superior Tribunal de Justicia, representa una disminución presupuestaria del 14% del total de los recursos proyectados mediante la Acordada N° 172/2025, lo que, según el órgano, afecta “de modo directo” su “capacidad operativa, administrativa y de gestión”.

En principio, la acordada restringe la adquisición de bienes e insumos limitada solo a lo estrictamente indispensable; priorizar contratos vigentes. Además, el uso de la “caja chica” se destinará sólo a urgencias debidamente fundadas y quedará excluida para compras menores no urgentes.

El Superior Tribunal también suspendió las designaciones de personal, el inicio de nuevos concursos, promociones y ascensos mientras persistan estas condiciones presupuestarias. A su vez, se suspende la compra de computadoras, monitores y periféricos, salvo autorización expresa y fundada del órgano.

Al mismo tiempo, suspendieron el reconocimiento de viáticos en todos los niveles y las erogaciones de comisiones de servicio estarán supeditadas a casos excepcionales y crédito presupuestario suficiente.

La ejecución de obras públicas estará supeditada a existencia de fondos. Sólo se mantendrá la obra del muro de contención autorizada. Mientras que el uso del parque automotor se limitará a lo estrictamente necesario, “optimizándose en su reemplazo el empleo de recursos tecnológicos para las comunicaciones y el envío de información y documentación en soporte digital”.

También recomendaron a todos los integrantes de los órganos, direcciones, áreas, oficinas y demás dependencias de Poder Judicial, “extremar las medidas de austeridad en el uso de recursos, restringiendo al mínimo indispensable las erogaciones, impresiones, copias, fotocopias, consumo de energía eléctrica, gas, telefonía y utilización de insumos de librería”.

Por otro lado, suspendieron “la celebración de nuevas locaciones de inmuebles, debiendo las áreas competentes optimizar y racionalizar el uso de los espacios físicos actualmente disponibles”.

Las medidas “tendrán vigencia mientras persistan las circunstancias que dieron lugar a su dictado” y serán evaluadas periódicamente por el Superior Tribunal de Justicia cada 90 días. Podrán ser modificadas, flexibilizadas o dejadas sin efecto total o parcialmente en función de la evolución de los créditos presupuestarios y de las necesidades del servicio.

Asimismo, establecieron como “criterio prioritario” que la interpretación de las medidas “deberá resguardar en todo momento la continuidad del servicio de justicia en materias sensibles y de atención urgente”. Y, sin perjuicio de la evaluación diaria, la Secretaría de Superintendente y Administración elevará al Superior Tribunal de Justicia un informe trimestral detallado sobre el impacto de las medidas adoptadas, el nivel de ejecución presupuestarias, y las eventuales áreas críticas que hayan sido detectadas.