Más de 1000 trabajadores se movilizaron en defensa de la autonomía de Ushuaia y reclamaron por los fondos coparticipables*

El documento advierte que la deuda acumulada con el Municipio de Ushuaia supera los 12 mil millones de pesos, con demoras de hasta 37 días, y señala que una parte sustancial de esos fondos corresponde a recursos de origen nacional ya transferidos a la Provincia. En ese sentido, se plantea la existencia de un desfasaje entre la percepción y la efectiva distribución, así como la utilización de recursos que no pertenecen a la órbita provincial.

La presentación fue acompañada por organizaciones sindicales como UTA, ATE, SOEM, SPJ, ASEOM, SEMUP y SADEM. CECU y UTHGRA también participaron de la movilización.

Posteriormente, la movilización continuó hacia la Casa de Gobierno, donde se hizo entrega de una carta abierta dirigida al Gobernador, en la que se expone el impacto directo de esta situación sobre el funcionamiento del Municipio y la vida cotidiana de los vecinos y vecinas.

En la carta se sostiene que el atraso en la transferencia de los recursos implica una práctica sistemática que afecta áreas sensibles como el pago de salarios, el sostenimiento de paritarias, la prestación del servicio de transporte público, la recolección de residuos y la atención primaria de la salud.

Durante la jornada también participaron funcionarios y funcionarias de la Municipalidad de Ushuaia, quienes acompañaron el reclamo y reafirmaron la necesidad de garantizar el cumplimiento efectivo de la autonomía municipal.

En ese marco, el secretario de Gobierno municipal, Sebastián Iriarte, expresó que “los recursos deben llegar en tiempo y forma a quienes les corresponden, porque de eso depende el funcionamiento del Municipio y la calidad de vida de los vecinos y vecinas”.

Asimismo, remarcó que “la autonomía municipal no puede ser solo una declaración formal, sino que debe estar respaldada por la disponibilidad real de los recursos”.

Finalmente, desde los distintos sectores se coincidió en la necesidad de avanzar en una ley que garantice un sistema automático, transparente y previsible de remisión de fondos, que asegure su transferencia oportuna y evite discrecionalidades.