“La Justicia está tomando una acción que el poder político no toma”

En principio, Guzmán comentó que “la semana pasada se consideró que tenía competencia en el planteo administrativo-judicial que hizo la Comuna de Tolhuin para multar y establecer el desarme. Hay dos vías que van de la mano del Poder Judicial.  Es un primer camino”.

A su entender, “la empresa a nivel nacional e internacional va a poner el ojo a lo que está sucediendo. Descreo que vaya a allanarse con tanta liviandad a una acción judicial de Tierra del Fuego y permitir no sólo el quite ante la IGJ y el desmantelamiento”.

“El año pasado estábamos ante dos pedidos: uno de la Embajada de Estados Unidos y otro del jefe del Comando Sur de ese país, que pidieron al Ministerio de Defensa la posibilidad de habilitarlo. No podemos obviar el contexto internacional que se vive y la importancia que tiene para la OTAN, Reino Unido y Estados Unidos la presencia de un radar de monitoreo espacial con las condiciones que presta Leolabs en los otros puntos estratégicos que brindan información y servicio”, recordó.

Y analizó que “más allá del sentido económico, técnico y estratégico de la empresa, no tengo ninguna duda de que apelarán esta decisión. Más allá de la importancia y lo que significa que tomen una acción de este tipo. Es una provincia que se ve vulnerada en términos de seguridad y de defensa”.

Consultado por la intervención del Puerto de Ushuaia, Guzmán expresó: “No creo que haya sido de la noche a la mañana. Había muchísimos indicios de que esto iba a suceder. El miércoles 8 estuve en la reunión de la Comisión 2 de la Legislatura, en la que estuvo Roberto Murcia. Hizo agua por todos lados. Salvador de Gaetano dice que se lo venían advirtiendo a las autoridades meses antes de que sucediera, desde el año 2024. Dicen que fueron a avisar que esto iba a suceder”.

Por lo que comentó, al consultar al presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, respecto a “por qué no consultaron al Fiscal de Estado y recurrieron a un estudio privado” dijo que “como ellos se comunicaban con la Secretaría Legal y Técnica, entendieron que era el área que se vinculaba con el fiscal. Y como son autárquicos, creyeron que no tenían necesidad de consultar. Dijo que pudo haberse equivocado en no consultar. Eso fue absolutamente mentira”.

Y expuso que “en una reunión privada entre las autoridades del Puerto y los legisladores, el fiscal de Estado desmintió categóricamente que no se hayan comunicado. De hecho, dijo que se reunió con Murcia el 16 de diciembre, le aconsejó incorporar una cautelar urgente para frenar la intervención. Sin embargo, no hizo caso”.

“Roberto Murcia mintió descaradamente y el fiscal de Estado lo cocinó. Tengo declaraciones reales. Lo aconsejaron el mismo día que recibieron la notificación informando que habría una intervención. Para mí la Legislatura tiene que pedir el alejamiento inmediato de las autoridades del puerto, armar un sumario y abrir una investigación judicial. Lo que dijo el fiscal de Estado en la Comisión 2 no era conocido”, sentenció.

También habló sobre el documento difundido por el Gobierno de la Provincia en el que presuntamente se deja ver que el Puerto estaba habilitado: “Consultamos a gente que está jubilada para entender qué significaba. Lo que dice el documento es que hay cámaras de vigilancia preparadas para detectar cualquier situación de terrorismo, sabotajes o accesos no autorizados, pero no habla de infraestructura portuaria o de la situación de los pilotes. Habla de que hay cámaras para revisar el movimiento y que las cerraduras y luces funcionan. A eso hace referencia el documento”, desmintió.

Y calificó a las expresiones en torno al documento oficial como “una operación burda de prensa que intenta hacer que Tierra del Fuego crea las mentiras que están fabulando. Están en un problema realmente serio. Creo que la Legislatura tiene que pedir el desplazamiento de las autoridades del Puerto, hacer una investigación administrativa y una denuncia. Lo que está sucediendo es la entrega del activo estratégico más importante de Tierra del Fuego, en términos privatizadores”.

Guzmán también denunció que “si uno analiza el documento del CFI, realizado por una consultora británica, hay una clara intención de privatizar el puerto. En el 2022 la Dirección Provincial de Puertos pide un asesoramiento por el estado calamitoso en el que se encuentra en términos estructurales. Ellos dicen que hay problemas graves. Quedó claro que la búsqueda era privatizarlo. Evidentemente intentaban negociar un proceso público-privado y el Gobierno nacional se dio cuenta antes y le robó el negocio. Javier Milei suele decir ‘le estamos robando los negocios a la casta”.

Finalmente, comentó que “el proyecto del puerto turístico de Mirgor está caído. Lo que dijo Salvador de Gaetano es que, si bien no hay un fundamento lógico de la intervención, porque una resolución no puede ir en contra del Decreto de transferencia. Otra cosa es que cuando viene la intervención, la Dirección Provincial de Puertos admite la intervención sin consultar a los organismos del Estado ¿era legal que una resolución vaya por encima de un decreto del año 92?”

“El Gobierno de Tierra del Fuego ha entregado al Poder Ejecutivo Nacional el manejo del activo logístico más importante de la provincia, más allá de que ellos mismos pretendían privatizarlo. El Fiscal de Estado llevó a todo el equipo técnico. Ellos admitieron y dijeron”, cerró.