“En las investigaciones hay que buscar si hay mayores detrás de esto”

Según Urquiza, “estamos sometidos a la intimidación pública. Es una acción compleja realizada por un número indeterminado de personas, que se comunican por redes sociales y presuntamente se trataría de menores. Uno trata de ser prudente porque, en apariencia, hablamos de episodios que suceden en el interior de las escuelas. Pero no sabemos si hay partícipes mayores. Por eso hablamos de que sería prudente iniciar las investigaciones en los juzgados de Instrucción y no de Familia”.

En este sentido, señaló que “el usuario de la red social tiene una responsabilidad, porque está actuando ¿quién está determinando la motivación para participar de tal o cual grupo? No sabemos. Por eso quiero ser prudente. Me parece que las investigaciones deberían estar direccionadas por jueces de Instrucción. Creo que en algún momento me voy a encontrar con un adulto”.

De igual forma, enfatizó que “tenemos un deber ineludible como padres y tenemos que hacernos cargo de los actos y acciones de nuestros hijos. Creo que debemos apuntar allí. Hay ejemplos en la diversidad de provincias que han tomado distintos caminos para responder a acciones. Se han sumado cada vez más”.

“En Río Grande, en estos momentos, estamos hablando de aproximadamente 34 denuncias y 20 en Ushuaia. Hay que ratificar la responsabilidad parental y trabajar sobre el comportamiento de nuestros hijos. Me parece que va a ser la mejor manera de afrontar esto”.

Asimismo, comentó que “el Superior Tribunal de Justicia trabaja con la oficina de Acceso a Justicia para ordenar alguna cuestión un poco más compleja con la comunicación con jóvenes. Ese es el camino sin lugar a duda”.

El fiscal alertó que “estamos sometidos a esta incertidumbre. La Policía tiene que hacer rondines alrededor de escuelas, o custodias particulares. Es un costo enorme. Claramente hay un perjuicio concreto. Hay que volver a destacar el deber de garantía en materia de responsabilidad de los padres sobre las acciones de los hijos”.

Y aclaró que “la responsabilidad patrimonial está plenamente vigente. Llegado el caso se verá. Es amplia: patrimonial, administrativa, institucional y penal. Es factible que una familia termine pagando costos por las acciones de sus hijos. Por eso el deber de garantía de los padres respecto de sus hijos”.

Consultado por las implicancias legales de estos delitos, más allá de la responsabilidad patrimonial de los padres, Urquiza mencionó que “los fiscales que intervienen están trabajando con absoluta libertad. Las dos figuras son la amenaza anónima, que es un delito agravado y con pena de hasta tres años. En líneas generales va para ese lado. La intimidación pública tiene una pena mayor. Es el artículo 211 del Código Penal y establece una pena de hasta 6 años de prisión ¿El orden público está alterado o no está alterado con estas conductas? Yo creo que sí. No sabemos si mañana o pasado alguien va a pasar al acto. Estamos en vilo, es grave”.

Finalmente, recordó que “hay una ampliación de la posibilidad de que un menor reciba un castigo penal, con la nueva reforma que va a entrar en vigor en septiembre. Hay que pensarlo, porque se ha bajado la edad para que puedan ser castigados penalmente a los 14 años”.

“Hay que hablar con los chicos y hacer hincapié en esto. Todos en nuestros ámbitos tenemos un grado de responsabilidad. Me parece que es hora de masificar esta intervención”, culminó.