“La decisión de Zanini no es solamente razonable, sino necesaria”, opinó Aramburu

Según Aramburu, la medida adoptada por Zanini “es absolutamente correcta y previsible en un contexto fáctico, jurídico y político como el que estamos viviendo. A diferencia de lo que opina el señor jefe de Gabinete, no estamos ante una incertidumbre legal artificial. Sino ante una incertidumbre legal concreta, producto de la actividad de la Legislatura cuando deroga la Ley 1529 de necesidad de la reforma, truncando el proceso preconstituyente”.

“Frente a un escenario de ese tipo, donde uno vislumbra claramente que hay un conflicto de intereses y poderes, todo indica que lo prudente y aconsejable es correr esa vista al Ministerio Público Fiscal”, subrayó.

Y aclaró que “no se trata de activismo judicial malentendido o de una traba judicial deliberada, como dice el señor jefe de Gabinete. El Ministerio Público Fiscal está para ser contralor de la legalidad del proceso y de la custodia de los intereses de la sociedad y de la colectividad”.

Según el exmagistrado, “la jueza no podría omitir esta vista. Está muy bien decidido. En caso de que el fiscal vea que estamos ante un conflicto de poderes, a partir del artículo 157 de la Constitución Provincial, va a actuar el Superior Tribunal de Justicia, que es quien detenta la competencia originaria frente a casos como el que describimos”.

También apuntó contra el Poder Ejecutivo por sus críticas a la derogación de la Ley 1529 y expresó: “Me gustaría que los funcionarios expliquen en qué normativa fundan que la Ley sancionada por la Legislatura es ilegal. Me he devanado los sesos pensando en qué normativa pueden llegar a fundarse para hacer semejante afirmación”.

Aramburu explicó que “la Legislatura está compuesta de una manera diferente a la de fines del 2023. Es la caja de resonancia de la democracia fueguina. Están los representantes del pueblo, que es el titular de la soberanía popular. Hoy entienden, dos año y pico más tarde, que no es momento para la reforma, por la crisis profunda social, económica y política en la que nos encontramos, en la que el puerto está intervenido por el Gobierno nacional que, además, debe mandar fondos para que paguen los sueldos de miseria que paga la Provincia ¿Quién puede discutir que la Legislatura no tiene legitimidad para sancionar la Ley que sancionó?”.

“Si entienden que hubo una flagrante violación de la Ley en el procedimiento, que lo planteen y será la Justicia la que dirima esa situación. Creo que hay que ser prudentes, todo lo contrario de lo que evidenciamos ayer”.

El letrado también cuestionó: “¿Por qué tenemos que apurarnos porque el jefe de Gabinete entiende que le ponen palos en la rueda?” y denunció que Jorge Canals produjo “una amenaza coactiva, diciendo que si la jueza no actúa como él quiere, tendrá las consecuencias políticas y jurídicas que estime corresponder. Como él integra el Consejo de la Magistratura, es claramente el libre de enjuiciamiento. Es una amenaza que me preocupa. Si eso es capaz de hacer un funcionario respecto de un juez, ¿qué me queda como ciudadano?”.

“Es una posición absurda y obnubilada, con un desconocimiento del derecho total. La Ley está sancionada y en unos días se promulga si no es vetada. Además, la Constitución dice que, si la Ley de Necesidad de Reforma se envía al Ejecutivo para que sin prolegómenos y sin formalidades la promulgue y nada más, no hay posibilidad de veto para la necesidad, ni para la no necesidad. Ponele que quieren vetar, la Legislatura verá si insiste o no”, continuó.

“A mí me preocupa la actitud patoteril y la imprudencia de ‘hacé lo que quiero o te amenazo y te pondré las sanciones que estime’ ¿Qué nos queda a los ciudadanos?”.

Respecto a la situación legal del proceso constituyente y las distintas opiniones respecto a si está iniciado o no, el exjuez Electoral aclaró: “Los viejos tratadistas, como Linares Quintana o Sánchez Viamonte, hablan de ‘preconstituyente’. Si es preconstituyente, obviamente puede derogarse la Ley.  Estamos en el Poder Constituyente cuando hubo elecciones y tenemos a convencionales que han conformado la Convención Constituyente. Estamos en una instancia preconstituyente, por lo tanto, la Legislatura puede derogar la Ley anterior, porque han cambiado las circunstancias”.

“Es inentendible el ataque tan virulento, destemplado y fuera de la Ley del Ejecutivo a la Justicia Electoral, que está para eso. La nueva Ley deja sin efecto el decreto. La jueza no puede obviar ese pequeño limbo temporal-jurídico”, sentenció.

Para cerrar, señaló que “el Ministerio Público es un Poder autárquico e independiente. Tiene que dictaminar conforme a su buen criterio. Luego, el Poder jurisdiccional lo tiene en cuenta, evalúa y analiza lo que dice el fiscal. Es probable que esto termine judicializado, porque las partes están muy plantadas y hay un énfasis político muy importante, que seguirá chocando”.