La Municipalidad de Ushuaia le exigió al Gobierno provincial información por la quita del subsidio al gas envasado

El pedido fue realizado en el marco de las resoluciones y decretos provinciales recientemente dictados y da continuidad a los planteos públicos efectuados por la secretaria Lorena Henriques Sanches respecto del impacto que tendrá la reducción y eliminación de subsidios sobre miles de familias de Ushuaia.

Desde el Municipio advirtieron que las medidas fueron implementadas “sin articulación institucional suficiente” con el área municipal con competencia directa sobre hábitat, urbanizaciones y ordenamiento territorial, y remarcaron que la Secretaría cuenta con información específica sobre la situación habitacional, socioeconómica y ambiental de los distintos barrios de la ciudad.

En la nota, el Municipio manifestó su preocupación por las consecuencias sociales, territoriales y ambientales que podrían derivarse de la aplicación del nuevo esquema, particularmente en sectores que aún no cuentan con acceso efectivo a la red de gas natural.

Entre los puntos señalados, se alertó sobre el riesgo de que numerosas familias no puedan afrontar el costo del GLP ni las conexiones domiciliarias a la red, en un contexto de fuerte endeudamiento y crisis económica.

Asimismo, el documento advierte que la quita del subsidio podría generar un incremento del uso de sistemas alternativos y precarios de calefacción, como la leña o artefactos eléctricos, lo que implicaría riesgos de incendios, deforestación y afectación de turbales, cuencas hídricas y sectores boscosos de la ciudad.

En ese sentido, la Secretaría sostuvo que también existe preocupación por posibles desplazamientos poblacionales hacia sectores ambientalmente frágiles donde actualmente se mantiene mayor cobertura del subsidio.

El Municipio solicitó además la cartografía oficial completa utilizada para determinar las unidades territoriales del subsidio, información sobre la cantidad de familias afectadas, los criterios de exclusión aplicados y los estudios sociales y ambientales previos realizados por la Provincia.

En relación a la urbanización General San Martín, desde la Secretaría recordaron que si las responsabilidades concurrentes en materia de infraestructura hubieran sido cumplidas oportunamente por todos los niveles del Estado, hoy podrían existir más de 3.000 familias viviendo en ese sector con servicios adecuados.

También remarcaron que no resulta “socialmente justo” trasladar a las familias las consecuencias derivadas de la falta histórica de infraestructura básica de gas natural.

Finalmente, la Municipalidad solicitó al Gobierno provincial la suspensión preventiva de los efectos más gravosos del régimen mientras se analiza integralmente el impacto de las medidas, especialmente durante el período invernal, evitando la quita total o parcial del subsidio a hogares que no cuentan con posibilidades reales de acceder a la red de gas natural o afrontar el costo pleno del GLP.