“Esta estrategia política perjudica un concurso que en esencia es transparente y participativo”

La referente justicialista tildó los reclamos de Gracianía como una “estrategia política” y recordó que la Ley que crea el cargo de Defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes “establece la metodología con la que se va a designar la figura, los requisitos y la composición del comité. Está integrado por los Poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo”.

“Por el Poder Legislativo integramos, votados por nuestros pares, el legislador Von der Thusen, la legisladora Colazo y yo. En representación del Ejecutivo participa Gonzalo Carrillo y, por el Superior Tribunal de Justicia, el doctor Jesús González Saber. Esos somos los integrantes del Comité en representación de los tres Poderes del Estado. Tierra del Fuego tiene un proceso para designar esta figura, que es un cargo político. La Defensoría será un organismo autárquico, que no dependerá del Legislativo o el Judicial”, continuó.

Además, destacó la normativa fueguina por sobre la del resto del país: “En Misiones hay una evaluación de idoneidad, una entrevista y la Legislatura designa. En Santiago del Estero el defensor del Pueblo manda una terna al Legislativo y designan. En Santa Fe, el defensor del Pueblo hace una entrevista personal, evalúa antecedentes y designa el Legislativo con acuerdo del Ejecutivo. En Córdoba la terna la hace el Legislativo sin procedimiento. En La Pampa, los diputados designan directamente. En Jujuy designa el gobernador con acuerdo del Legislativo”.

“Tierra del Fuego optó por un proceso de transparencia y convocatoria más amplio. Se convocó a todo el personal idóneo o con título habilitante. Se va a evaluar su plan de trabajo en caso de ser seleccionados para llevar adelante la Defensoría. Hay un examen escrito, que no existe en ningún lado, y una Audiencia Pública con participación de organizaciones intermedias de la sociedad civil”, subrayó.

Y agregó: “La Comisión está integrada por tres Poderes del Estado y los requisitos para acceder al cargo están en la Ley: Una edad mínima de 30 años, ser argentino, tener mínimo 5 años de residencia anterior, continua e inmediata en la provincia, título habilitante y/o idoneidad acreditada. Luego, hay una Resolución votada por la Cámara Legislativa que establece las formas en las que se deben presentar las postulaciones”.

Según Vuoto, “acreditar los requisitos de fondo de la Ley, como cumplir los procedimientos de la Resolución, es obligación de quienes deciden acceder a ese cargo. El Comité aplica una resolución aprobada por la Cámara Legislativa y votada por unanimidad, incluyendo a la legisladora que votó por ese procedimiento”.

Por ello, calificó como “injusta” la estrategia de Gracianía para “desprestigiar públicamente este concurso y la labor de quienes integran el Comité. Es absolutamente transparente, las reuniones son públicas y respetan los criterios de objetividad, imparcialidad e igualdad en los concursantes. Es importante remarcarlo, porque se pretende poner un marco de duda en una actividad que viene siendo absolutamente transparente en el desarrollo desde la convocatoria”.

También puso en valor la convocatoria y recordó que “a nivel nacional, cuando se hizo el concurso de la Defensoría, se inscribieron 120 personas. En una provincia con 120 mil habitantes se inscribieron 62. Hay algo en la cantidad de inscriptos que es distinto a la lógica que se da en otros lugares. Muchos otros postulantes se habían presentado pretendiendo una mejora laboral, pero quizás no tenían antecedentes en niñez y adolescencia. Muchos han sido rechazados y no presentaron un recurso de reconsideración, porque consintieron la consideración del Comité. De los 45 que no fueron aceptados, 25 no presentaron ninguna solicitud de revisión”.

“Cada uno de los postulantes que han sido declarados como no admitidos incumplen varios requisitos. No la residencia, como lo planteaba públicamente la legisladora Gracianía. Debían acreditar los requisitos sustanciales y cumplir los requisitos de forma. Esa era la presentación”.

La referente del PJ en la Legislatura fueguina explicó que “la Resolución que te obliga a presentar la documentación respaldatoria, en su artículo 11, dice que serán rechazadas in limine todas las postulaciones que no cumplan. Creo que tiene que ver con una falta de cultura en cargos políticos como este. El que está en la Justicia o en la actividad académica rinde concursos y tiene una práctica”.

Asimismo, manifestó que “a la residencia había que acreditarla con libertad probatoria. Hay 19 postulantes que quedaron aceptados. Quiere decir que las reglas se entendieron claramente. Si me decís que hay un concurso de dudosa transparencia o legalidad, te entiendo si hay 3 inscriptos para 3 cargos. Algunos acreditaron con actos de designación, recibos de sueldo, certificaciones de servicios, y otros con notas de las personas para las que trabajan”.

“Por más buena voluntad del Comité, la actividad está reglada por una Resolución de la Legislatura. No podemos modificarla. Se dio el caso de personas que consintieron el incumplimiento, pusieron la documentación complementaria y no lo podemos aceptar, porque vulnera el principio de igualdad. Le daría una ventaja al que incumplió frente al que cumplió en tiempo y forma. Tenemos que evaluar la igualdad, la transparencia y la publicidad”, continuó.

Y ejemplificó: “Identificamos 7 situaciones que cumplían con los requisitos sustanciales y les faltaba complementar algo. Para evitar el exceso ritual de formalismo, le dimos un tiempo de 24 horas para subsanar. 4 lo hicieron y están dentro de las admitidas. Habían cumplido con la acreditación y la formalidad en la presentación, pero tenían algo para complementar. La Comisión evitó que el exceso de formalismo deje afuera a gente que había cumplimentado”.  

Victoria Vuoto consideró que el planteamiento de Gracianía fue “muy prematuro” y comentó que “cuando lo hace por escrito mi primera reacción fue comunicarme y reclamarle por qué decidió hacer una presentación formal, cuando hay tres legisladores que votó e integramos el Comité. Podía levantar el teléfono y llamar a cualquiera de sus pares y preguntar. El Comité se reúne en la Legislatura a dos pasos de la oficina de la legisladora, puede pedir una reunión. Ayer estaba reunido y ella estaba en el despacho. El concurso funciona en el mismo edificio. Hay una intencionalidad”.

También reprochó que “la reacción frente a la denuncia pública fue que de 4 o 6 presentaciones formales lleguemos a 20. Y que la gente, habiendo escuchado denuncias de irregularidades, se presente en la Legislatura a increpar a la gente. Esta estrategia política perjudica un concurso que en esencia es transparente y participativo; que se viene desarrollando con normalidad y con mucho trabajo de la Comisión. Los postulantes no aceptados con planteos iban a ser tratados. Esta estrategia genera consecuencias que no son positivas y no se dimensionan”.

Respecto a los pasos a seguir, Vuoto indicó que “quedan 19 concursantes en carrera. Se tiene que establecer la fecha del examen escrito y comunicar los contenidos a todos los inscriptos. Estamos evaluando comunicarlo con tiempo. Luego, queda la audiencia pública. Esas son las instancias. En medio se evaluarán los antecedentes y el plan de trabajo. Todo tendrá puntaje en una tabla y se elevará la terna a la Legislatura”.  

Para cerrar, enfatizó: “Estamos muy seguros de las decisiones que hemos tomado, porque están ancladas en la legalidad del procedimiento que sancionamos nosotros y no podemos modificar. Lo estableció por Resolución la Legislatura. Esta estrategia apresurada y anticipada de la legisladora me parece lamentable. Mancha un proceso que viene siendo impecable en sus resoluciones".