“El gran inconveniente de estas leyes es que son productos enlatados para la gran urbe”

El abogado entendió que “hay una demanda que se percibe escuchando a los medios sociales de comunicación, en la necesidad de castigar delitos cometidos por menores. Es una gran demanda social, deforme y sin mayores matices, donde se mezclan buenos pensamientos y muy malos pensamientos”.

Y que “de todo esto surge, en esta época política, la implementación de esta Ley que se llama 'Régimen Penal Juvenil', que de nuevo tiene la sanción, pero es una cuestión que se viene discutiendo hace muchos años. Es para establecer un régimen que ponga dentro a una franja de una minoría que estaba fuera de la punición”.

“La discusión fue a partir de qué mínimo de edad se empezaba a poner a menores en situación de punibilidad. Se optó por los 14, pero se discutieron los 12 años, se tomaba de ejemplo a Inglaterra que tiene desde los 10 años. Se pautó esta franja etaria desde los 14, bajo el lema político de ‘delitos de grandes, pena de grandes’. Pareciera ser que la nota común acá es cuál es la conducta que se va a reprimir”, recordó.

Según Ariznabarreta, “desde el punto de vista punitivo, lo único que cambia es que se incorpora a gente desde los 14 años al sistema penal. Se establece una escalera de categorías según la edad. Si el delito es cometido entre los 14 y los 15, debe aplicarse la mitad del mínimo y el máximo de pena prevista; si es a los 15, es un tercio; si es a los 16 o 17, no hay reducción de escala penal. Hay un límite o tope según el cual ningún hecho de pena privativa de la libertad puede ser condenado a más de 15 años. No habría prisión perpetua para un menor”.

“Otro aspecto muy declamatorio, que siempre está y lo estuvo en el viejo sistema penal juvenil, es el alojamiento en centros especiales. Hay que crear centros distintos a los de los mayores para alojar a los menores que queden residualmente en situación de detención penal. En realidad, se utiliza un criterio muy remanido en el sistema penal en el que la privación de la libertad es la última ratio, la última respuesta del Estado. Antes tiene que implementar un sistema alternativo de penas, que son más que nada sanciones. Es decir, lo que hoy existe en el Sistema Penal Juvenil”, continuó.

Y preguntó: “¿Cómo reinsertás o readaptás a quien nunca estuvo inserto o adaptado? La Ley habla de inserción del joven. Es un aspecto semántico importante ¿Qué hacemos con el chico que no conoce límites, derechos o amor? La Ley dice ‘vamos a hablar de inserción’. Aparece otra herramienta, que es la reparación económica del daño, pero no solo como existe en el sistema penal normal, como una alternativa para evitar una prisionización. También aparece la responsabilidad civil de los padres, algo que muestran como un cambio de época, pero estaba en el Código Civil de siempre”.

También indicó que “otro aspecto que trae la norma y tiene que ver con el modo de implementación de las medidas de sujeción es el monitoreo electrónico y la supervisión. Es la clásica tobillera. Es para marcar un límite físico de dónde están circulando. Hace ruido, porque muchas veces se puede violentar o no. Es una medida más para decir ‘el Estado te está mirando’”.

A su vez, “aparece la figura del supervisor especializado en el proceso de inserción del joven. Esto se utilizó a partir de la modificación que se hizo en la época del menemismo, cuando se introduce la famosa probation, que es un instituto americano, que se llama ‘suspensión de juicio-prueba’”.

El exdefensor ante el Superior Tribunal de Justicia fueguino narró: “Una persona entra al sistema penal y es seguido por un supervisor especializado ¿Quién es? Acá empieza el problema. Hay que crear una estructura en todo el país de personas muy bien formadas en educación, pedagogía infanto-juvenil, psicología, adicciones y trabajo social. El autor de la ley pone el foco en estos aspectos como centrales para el seguimiento de la supervisión del menor que está transitando lo penal. Hay que armar el equipo en todo el país y pagarle muy bien”.

Asimismo, manifestó que “hay toda una estructura nueva. A este sistema habrá que darle muchos años para ver cómo anda. Luego, hay que darle mucho dinero para ver cómo empieza a andar. En el camino habrá que invertir mucho tiempo en capacitar estructuras judiciales y de contención. Esta norma no busca meter más chicos presos. Sí busca meter más chicos en el sistema penal como un control preventivo. La pena de prisión es cuando todo fracasó o cuando el hecho es muy grave”.

No obstante, señaló que “queda un margen enorme de chicos que no matan, violan o roban a mano armada, tienen toda una serie de pasos previos que no son punitivos a privación de libertad, a los que el Estado tiene que disponer de un sistema que ya no es el alojamiento en sede penal. No es un lugar de reclusión. Es una franja de gente que entrará al sistema penal por una pelea a la salida del boliche”.

Ariznabarreta cuestionó este tipo de normativas a las que calificó como un “enlatado” y explicó que “tenemos otra realidad en la que sí tenemos una franja de chicos en riesgo de situación penal. Pero no por otros delitos que son los que preocupan a los medios de poder nacionales, que son los que han fogueado por años la necesidad de una reforma penal juvenil. Al AMBA le interesa que los chicos que roban en moto vayan presos, y nada más. No es un juicio de valor. Digo que si todo lo que se está cambiando está pensado en ese fin, nosotros sobramos”.

“El gran Córdoba, el gran Mendoza o Rosario participan de los mismos problemas que AMBA, por lo que esta norma tiene más efecto en sus intereses. En las provincias periféricas y pequeñas como la nuestra la matriz de los problemas penales tiene una connotación social directa”.

En cuanto a la necesidad de procesos de inserción, el letrado opinó que “el problema estructural de Tierra del Fuego en la implementación de las políticas para la niñez en situación de riesgo es que no tenés dispositivos que sean sostenidos en el tiempo”.

“Un gran error que hemos tenido es que cada administración ha cambiado los nombres y los mecanismos de abordaje, pero no cambió la casita en la que está alojado el menor. Entonces le ponemos otro nombre, lo llenamos de articulaciones, juntamos comisiones, hablamos mucho, pero el chico que es víctima de la violencia de sus padres, que fue golpeado o abusado, o si es victimario, es alojado en una casita, con un operador que está abajo con su teléfono. Tiene un orden de trabajo promedio y de actividad escolar relativo. Pasa el 90% de su vida despierto haciendo nada. Eso no es un dispositivo de los que esta norma necesita para trabajar la Ley penal”, enfatizó.  

Para ejemplificar las dificultades de implementación del sistema, expuso: “A mí me detienen porque cometí un delito: el policía ya sabe cómo tiene que trabajar, el fiscal ya sabe qué tiene que hacer y el juez de instrucción también. Está todo previsto en el Código Procesal Penal. Con un pibe de 14 años y 3 días que, a la salida del boliche, fue detenido porque le pegó patadas en la cabeza a otro chico con el que se peleó y lo dejó en coma, el policía no creo que sepa cómo se tiene que manejar. El fiscal tiene un problema porque tiene que imputar, pero se desaconseja devolverlo a los padres o ponerlo en libertad por el tipo de gravedad que la misma Ley previene. Hay que alojarlo en un lugar especializado”.

“Vas a tener un chico de 14 años y 1 día y a uno de 17 años, 11 meses y 30 días. El que tiene 18 años y dos días está con los mayores ¿Por qué no se ha trabajado en Argentina en establecer criterios de responsabilidad penal en función de la madurez de la persona? Puedo conseguir personas de 30 años con menos madurez para determinarse conforme a la norma que un pibe de 14 años. Tengo pibes de 14 que tienen muy claro lo que es sí y lo que es no. Ya partimos de un parámetro que es meramente temporal, que fija una franja de un lado al otro”, sentenció.

Por último, Ariznabarreta reflexionó respecto a que “mientras sigamos teniendo una sociedad que produzca esta realidad, tendremos que bajar cada vez más la edad y crear cada vez más centros para aquellos que no cuadran con la vida que llevamos”.

“Es un problema. Hace 40 años podría haber tenido respuestas dogmáticas, pero con 62 años soy cada vez más ignorante. Cada vez tengo más dudas que respuestas y no puedo no preocuparme”, culminó.