“La finalidad esencial es generar responsabilidad en el menor que está en conflicto con la Ley”

El magistrado contó que ha tenido que “juzgar la conducta de menores en conflicto con la Ley Penal. En algunos casos en delitos graves, como homicidio calificado. Fue el único caso en el que aplicamos una pena de 10 años de prisión. El resto de los juicios fueron hurtos, o robos”.

En esta línea, mencionó que “tenemos 30 causas en trámite en materia de minoridad en Tierra del Fuego. Son delitos contra la propiedad. Lo hablábamos con Javier Muchnik, que es un especialista en el tema penal. Él era juez de la sala Penal y yo de la sala Civil, y la conformación del Tribunal Criminal Correccional de Menores va con dos jueces de la sala penal y uno de la sala civil. En varias oportunidades me ha tocado compartir tribunal con él. Ya aplicábamos muchos de los principios plasmados en la Ley.”

“Hay penas de amonestación, uso de tobilleras y prohibición de acercamiento. Hay prisión para los delitos más graves. La Ley separa tres segmentos diferenciados: Hasta tres años de prisión, donde se puede autorizar una probation. Una escala de 3 a 10 años. El fiscal puede disponer de la acción por delitos que tengan pena menor a 10 años. Puede archivar la causa por comprender que es más perjudicial para la sociedad y para el menor. Después tenemos la franja de 10 a 15 años”, narró.

“La pena máxima es de 15 años. No aplicamos perpetua. Cuando nos tocó juzgar un homicidio calificado, la pena era de perpetua. Nosotros aplicamos la escala atenuada, que va de 10 a 15 años”.

Asimismo, entendió que “hay cuestiones que van a complicar un poco a Tierra del Fuego. Había dudas sobre si el supervisor debía ser un funcionario designado por el Poder Judicial. Eso fue despejado con el decreto reglamentario de la Ley que dictó el Poder Ejecutivo nacional, donde le asigna una partida de 3 mil millones de pesos al Ministerio de Justicia y establece que los supervisores formarán parte. Nos deja tranquilos”.

Según Löffler, este supervisor “tendrá un rol de control. Luego de la condena se establecen reglas de conducta que va a controlar. Semanalmente va a tener que hacer un informe al juez. O, antes de dictar una condena, cuando se aplican mecanismos o medidas concretas, como prohibición de nocturnidad o de ingesta de bebidas alcohólicas, a eso también lo estará controlando el supervisor”.

También indicó que “quedó claro” que este actor “depende del Ejecutivo. No lo tenemos que designar. No es un gasto para el Poder Judicial. Me preocupa la pena del Artículo 12, inciso i, que establece la pena de prisión. Permite que se cumpla de acuerdo con tres modalidades distintas que quedan a criterio del juez. Una es la prisión domiciliaria. La segunda es la prisión en establecimientos especializados en resocialización de menores en conflicto con la Ley Penal, abiertos. Pueden salir, asisten a clases y actividades. El tercero es cerrado”.

El problema, según el magistrado, es que Tierra del Fuego no cuenta con centros de detención cerrados para destinar exclusivamente a jóvenes privados de su libertad: “No tenemos esos establecimientos. Como no los tienen la mayoría de las provincias. Por eso la Ley ha permitido que las provincias celebren convenios interprovinciales para alojarlos en otras jurisdicciones”.

No obstante, advirtió que “el artículo 39, segundo párrafo, de la Constitución provincial prohíbe expresamente cumplir pena fuera de Tierra del Fuego. Eso generará una carga económica y financiera al Ejecutivo, porque tendrá que hacer establecimientos especializados y separar adultos de los menores. Es una cuestión que requerirá inversión y no la tenemos”.

Consultado por la capacidad operativa del Poder Judicial para llevar adelante estos casos, sentenció: “Estamos preparados para cumplir con todos los estándares que establece la Ley, incluso con nuestro proceso mixto. Hay un juez de minoridad especializado y un fiscal actuando. Vamos a tener que asignar alguna función a los fiscales de ambos distritos, porque la Ley lo requiere”.

“Esta Ley pone la mirada sobre la víctima. Hace poco tuve un voto en minoría en el que reparé en la importancia que tiene para la víctima poder concurrir al debate. Es una forma de reparación. La Ley exige a los Poderes Judiciales que pongan a disposición un defensor especializado. Son pequeñas correcciones que podemos hacer sobre la marcha”, siguió.

A su vez, expuso que “el artículo 24 de nuestro Código Procesal Penal exige que los operadores del derecho que están asignados a esta función tengan especialidad en la materia. Hay un reparo legal que pone el marco. No nos olvidemos que la parte de Instrucción la hace el juez de Minoridad, que es especializado en la materia. Desde el proceso jurisdiccional estamos cubiertos. No estamos lejos de los estándares que nos pide la nueva Ley”.

“Lo que me preocupa es la Ejecución sobre la pena y el post. Si no, vamos a terminar con la mayoría de los menores que cometan delitos graves en una prisión domiciliaria”.

Con referencia a la inversión que deberá realizarse para contar con toda la infraestructura necesaria para la aplicación del Régimen Penal Juvenil, el magistrado expresó su preocupación por la tendencia del Ejecutivo nacional de “transferir obligaciones y servicios a las autonomías estaduales sin las partidas presupuestarias. Por ejemplo, en narcomenudeo muchas provincias han tomado la competencia. Salvo Tucumán, no conozco un caso en el que se hayan enviado los fondos necesarios para que se financie. No mandan recursos para esta transferencia”.

Para cerrar, recordó que “nos han transferido la educación secundaria, la salud e infinidad de servicios, pero no están los recursos. Ni siquiera se cumple con las previsiones de la Ley 23.548, artículo 6, que obliga al Gobierno federal a transferir a las provincias, por lo menos, un 34% de lo recaudado. Hubo períodos recientes en los que transfirieron solo el 27%”.

“Hay un avasallamiento permanente de los ingresos. Por eso las provincias cobran los Ingresos Brutos como lo cobran. Hay una asfixia y un incumplimiento de la Ley de Coparticipación Federal, que está vigente”, culminó.