Infraestructura, salarios y equipamiento
¿Qué dice la Ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo sancionada por la Legislatura?
El Régimen debe ser considerado obligatoriamente en la formulación y el tratamiento del Presupuesto General de la Provincia y busca establecer un esquema de financiamiento permanente para el sistema educativo. Para ello, se apoya en cinco principios: equidad y reducción de brechas, acceso universal, innovación y acceso tecnológico, calidad con resultados verificables y sostenibilidad fiscal.
Para esto, la norma fija un trabajo articulado entre los ministerios de Educación y Economía junto con la Agencia de Recaudación Fueguina. Mientras Economía debe ser el responsable de la formulación de las metas financieras y su incorporación en el Presupuesto General de la Provincia, Educación debe monitorear la ejecución de las partidas, la elaboración de indicadores de desempeño y elevar los informes periódicos al Ejecutivo. Ambas carteras tendrán que coordinar sus actuaciones con la AREF, además de los organismos que ejecuten la inversión educativa.
En su artículo 4, la norma fija las metas de inversión que, en un plazo de cinco ejercicios fiscales, debe alcanzar progresivamente el 7,8% del Producto Bruto Geográfico provincial. Para ello, la progresión será de 4,5% en el primer año. En el segundo ejercicio pasará al 4,95%; para el tercero deberá ser del 5,7%; al cuarto, de 6,6% y al quinto debería lograr la meta del 7,8%. Esto, no sustituye ni reduce el piso de inversión del 35% del total de los recursos corrientes de libre disponibilidad de la Administración Central, fijado por el artículo 151 de la Ley provincial 1018.
En caso de que se verifique una caída real del PBG, de la recaudación provincial o de los recursos provenientes de la Coparticipación Federal, el Ejecutivo podrá diferir el cumplimiento del escalón correspondiente. Esto deberá se remitido a la Legislatura dentro de los 30 días corridos de disponer el diferimiento, junto con un informe que acredite esta circunstancia, exponga el impacto fiscal y establezca la reprogramación de estas metas. El ejercicio exceptuado no se computará.
Para su financiamiento, la Ley crea dos fondos: el Fondo Provincial de Infraestructuras y el Fondo de Financiamiento Educativo (FFE). El primero se financiará con los montos provenientes de la aplicación de una alícuota del 3,4% sobre los Ingresos Brutos para la empresa distribuidora de gas. De este total, el 40% se destinará al mantenimiento y servicios vinculados con “la infraestructura, mejora, accesibilidad y nueva infraestructura educativa”, mientras que el 60% se utilizará para realizar obras de red de distribución de gas natural y conexiones domiciliarias.
Cabe aclarar que, en caso de que el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad autorice el traslado de este monto a la tarifa del usuario, este 3,4% dejará de recaudarse automáticamente. A través del Ministerio de Economía, la AREF tendrá que informar a la Legislatura sobre esto.
También se crea una alícuota al impuesto sobre los Ingresos Brutos de 3% a todas las actividades gravadas por dicho impuesto para el Banco de Tierra del Fuego. A su vez, la entidad no podrá trasladar el costo que le genere el pago de esta alícuota a los valores de servicios y costos financieros que cobra a los clientes.
Por otro lado, el FFE será de carácter “permanente, complementario y específico” y se destinará exclusivamente al sistema educativo provincial y al cumplimiento de las metas de la Ley. Los recursos se depositarán en una cuenta especial, específica y diferenciada y serán administrados por el Ministerio de Educación, con intervención de Economía y de la AREF. Son fondos de afectación específica.
El FFE se integrará por lo recaudado en la alícuota al BTF; por el 40% del Fondo Provincial de Infraestructuras destinado a educación y por los recursos provenientes del Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales, que mantendrán su afectación específica y podrán continuar utilizándose para financiar salarios docentes sin quedar sujetos a los porcentajes establecidos en el FFE.
También compondrán la caja del FFE hasta el 10% de los recursos adicionales generados por actividades productivas o económicas estratégicas; hasta el 40% de los recursos adicionales provenientes del Impuesto Inmobiliario Rural, cuya valuación fiscal se actualizará cada año por el IPC del INDEC al mes de septiembre; hasta el 10% de las utilidades distribuibles de las empresas del Estado provincial, una vez cumplidas las reservas legales y las afectaciones específicas previstas por las normas de cada empresa; los recursos provinciales provenientes del Hidrógeno Verde y de la Economía del Conocimiento; la recaudación de Ingresos Brutos correspondiente a las actividades de Terra Ignis Energía S.A, y otros recursos con afectación específica que se establezcan por ley.
La norma aclara que “los recursos del Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales destinados a Educación se registrarán de manera diferenciada dentro del FFE y se computan una sola vez en la inversión educativa consolidada. Esta integración no modifica los recursos afectados a Salud ni debe permitir contabilizar como financiamiento adicional los importes que ya se destinaban a Educación”.
Para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la ley fija que un 40% de los recursos que integran el FFE deberán ser destinados al fortalecimiento del salario docente; otro 40% al mantenimiento, servicios vinculados con la infraestructura, mejora, accesibilidad y nueva infraestructura educativa; y un 20% a la adquisición de equipamiento tecnológico, recursos pedagógicos y herramientas didácticas. Además, establece que estos destinos, fijados en el artículo 10, son orientativos y otorga la potestad al Poder Ejecutivo de modificar el porcentual de los recursos que integran el Fondo.
El artículo 11 de la Ley de Financiamiento Educativo incorpora referencias para orientar el fortalecimiento salarial docente y establece que la aplicación de los recursos destinados a este fin debe orientarse a reducir la brecha entre la remuneración del cargo docente testigo, o su equivalente en horas cátedra, y los parámetros para la determinación del Salario Mínimo, Vital y Móvil conforme los nueve objetivos del artículo 116 de la Ley nacional 20.744.
Para esto, el Poder Ejecutivo deberá publicar trimestralmente el valor del cargo docente testigo, el valor de referencia del salario mínimo, vital y móvil y la brecha porcentual entre ambas referencias. Además, el informe debe identificar el ingreso neto del cargo testigo, considerando la antigüedad y composición del cargo, el período de comparación, el tipo de hogar y fuente estadística utilizada y la brecha nominal existente. Las comparaciones deberán utilizar períodos coincidentes y una metodología homogénea.
El artículo 12 establece que el Ministerio de Educación deberá realizar anualmente una planificación de la planta docente. Para ello deberá considerar la matrícula real de cada establecimiento, la organización institucional, los niveles y modalidades, las características de cada establecimiento y las necesidades pedagógicas. Además, la relación entre matrícula, cargos docentes y horas cátedra debe funcionar como indicador de planificación, pero no puede utilizarse como criterio automático para reducir cargos u horas.
Por ello la planificación deberá contemplar especialmente la ruralidad, la discapacidad y los procesos de inclusión, la educación especial y técnico-profesional, los establecimientos de baja matrícula, gabinetes y equipos interdisciplinarios, el acompañamiento de trayectorias educativas y la ampliación de jornada. La norma admite que estas variaciones de la matrícula puedan dar lugar a reasignaciones fundadas de recursos, pero estas deberán priorizar la continuidad pedagógica, la ampliación de la oferta y el fortalecimiento de las trayectorias. Además, deben respetar la normativa estatutaria, laboral y de negociación colectiva.
A su vez, el artículo 13 establece una salvedad: los recursos incorporados nuevos y los incrementos de financiamiento que se incorporen por la Ley de Financiamiento Educativo tienen “carácter complementario, adicional y específico”, por lo tanto, no podrán utilizarse para reducir, compensar, sustituir ni absorber partidas presupuestarias ordinarias destinadas al sistema educativo. Es decir: lo que ya se destinaba a educación no puede retirarse para ser reemplazado por los nuevos fondos.
Los artículos 14 y 15 incorporan obligaciones de planificación y consolidación presupuestaria. Con esto, el Ejecutivo deberá acompañar anualmente el proyecto de presupuesto con un informe que contenga: inversión educativa consolidada del ejercicio anterior; inversión prevista para el ejercicio proyectado; participación de la inversión educativa en el PBG; evolución interanual en términos nominales y reales; proyección de la inversión educativa para los tres ejercicios fiscales siguientes; participación de rentas generales, fondos específicos y transferencias nacionales en el financiamiento educativo. Asimismo, la metodología utilizada para calcular la inversión y el PBG deberá ser uniforme, pública y verificable.
Al tiempo que deberá identificarse la totalidad de los recursos que sostienen el sistema educativo, independientemente del organismo que los ejecute. La consolidación deberá discriminar, como mínimo personal, infraestructura, mantenimiento, servicios básicos, transporte escolar, asistencia alimentaria, inclusión educativa, equipamiento y tecnología, formación docente y otras prestaciones vinculadas directamente al funcionamiento del sistema. Por lo tanto, la Provincia tendrá que contar con una medición integral y verificable de cuánto invierte realmente en Educación.
Como un aspecto innovador, en busca de potenciar la transparencia en la administración de los fondos, la ley crea el Observatorio de Financiamiento Educativo: un organismo consultivo de monitoreo, seguimiento, consulta y elaboración de recomendaciones. Será integrado por dos representantes de la Legislatura, un representante de Educación, uno de Economía, uno de AREF y representantes de los trabajadores que deberán establecerse bajo principios de representatividad. Su funcionamiento, periodicidad de reuniones, quorum y mecanismo de publicidad de las actuaciones se definirán en la reglamentación de la Ley.
El Observatorio de Financiamiento Educativo participará del seguimiento del sendero de inversión, de la elaboración de indicadores y la evaluación anual del financiamiento. No obstante, sus recomendaciones serán consultivas y no tendrá facultades para disponer de los fondos.
Sin embargo, el Observatorio sí participará en la creación del Sistema de Indicadores de Financiamiento Educativo, que deberá ser desarrollado por el Ministerio de Educación. Entre ellos, deben incluirse: la recaudación y ejecución de las fuentes del FFE, inversión educativa consolidada; inversión por estudiante; ejecución en infraestructura y mantenimiento; equipamiento y conectividad; evolución del salario docente y su relación con la canasta básica total; distribución territorial de los recursos; cobertura de cargos y horas docentes; acceso, permanencia e inclusión educativa; condiciones materiales de funcionamiento del sistema.
La Ley también incorpora mecanismos de consulta y participación: la mejora educativa y sus revisiones tendrán que someterse a la consulta del Consejo de Educación Provincial. El Ministerio de Educación deberá garantizar instancias públicas y accesibles de participación para docentes, equipos directivos, estudiantes, familias, organizaciones sindicales, instituciones de educación superior, universidades y organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la educación. También debe contemplar la representación territorial, los distintos niveles y modalidades y los apoyos necesarios para garantizar la participación.
A los 90 días corridos desde la entrada en vigor de la Ley, el Consejo de Educación Provincial deberá estar integrado y funcionando. Sus recomendaciones también serán públicas y no vinculantes, pero la autoridad educativa tendrá que dar respuestas fundadas.
Mientras que el Consejo de Educación provincial se ocupará de formular recomendaciones sobre prioridades y lineamientos de mejora educativa, el Observatorio aportará información sobre financiamiento y cumplimiento de metas. Ninguno de los dos espacios de consulta reemplazará las competencias del Gobierno, la intervención legislativa ni los ámbitos de negociación colectiva.
Como complemento de estos mecanismos de transparencia, Educación, Economía y la AREF deberán publicar y remitir un informe a la Legislatura cada tres meses, dando cuenta de la recaudación discriminada por cada fuente; del monto transferido al FFE y la ejecución de los recursos según su destino; el saldo disponible; la evolución del cargo docente testigo y su relación con la Canasta Básica Total; la ejecución de las partidas destinadas a infraestructura y equipamiento y la evolución de la inversión educativa consolidada. Tendrán como plazo máximo los 30 días corridos del cierre de cada trimestre. Además, deberán publicarse en formatos abiertos que permitan consultar, descargar y reutilizar la información.
Con todo esto, el Ministerio de Educación tendrá que elaborar un programa de mejora educativa con una proyección de cinco años dentro de los 180 días corridos desde la entrada en vigor de la Ley. Para ello, deberá identificar la situación inicial del sistema educativo, establecer prioridades por nivel y modalidad, fijar metas anuales verificables, determinar acciones y responsables, establecer plazos e identificar los recursos necesarios.
El fortalecimiento de los aprendizajes, la formación integral, la continuidad y egreso de las trayectorias educativas, la accesibilidad, formación docente continua, revisión de las propuestas pedagógicas y el uso crítico y pedagógico de las tecnologías serán los objetivos que deberá contemplar dicho programa. Por ello, las metas deberán permitir evaluar avances y reducción de las brechas. Además, los recursos previstos no podrán retenerse bajo el argumento de no haber alcanzado determinados resultados de aprendizaje.
La iniciativa contó con el acompañamiento de Laura Colazo (Partido Verde), Myriam Martínez (FORJA) y Gisela Dos Santos (Sumemos Tolhuin), Tomás García (Partido Justicialista), Federico Greve (FORJA), Juan Carlos Pino (Partido Justicialista) y Victoria Vuoto (Partido Justicialista). Raúl von der Thusen estuvo ausente por situaciones familiares.
En contra, votaron Natalia Gracianía y Luciano Selzer, de La Libertad Avanza; Matías Lapadula, de Provincia Grande; Damián Löffler y Pablo Villegas, del Movimiento Popular Fueguino; Jorge Lechman, por Somos Fueguinos y Federico Sciurano, de la Unión Cívica Radical.