Expropiaciones para el camino costero: “Se llegó a esta instancia porque no hubo acuerdos”, explicó Bilota

Destacó dos temas importantes de todo el menú. En principio, “la creación del Fondo de Garantía a través de una sociedad anónima con participación mayoritaria del Estado. Es el FOGADEF y va a permitir que las pequeñas y medianas empresas que no pueden acceder al mercado de préstamos del sistema formal, puedan hacerlo a través de una garantía que ofrece este fondo, mediante una contraprestación onerosa. Podrán adquirir bienes de capital y obviamente generar mano de obra, y es absolutamente un círculo virtuoso”, sostuvo.

El segundo tema, tratado sobre el final de la sesión, fue la expropiación de tierras de las estancias de las familias Goodall y Pastoriza, para avanzar con la obra del corredor costero Canal de Beagle. “El trayecto final por estos dos predios rurales va a ser definido con posterioridad”, dijo Bilota, y reconoció que fue el tema que generó más discusión.

En el caso de la creación del Fondo de Garantía, “había dictamen a favor, se había tratado en comisión y no había cuestionamientos, pero en este caso se repitió la votación en disidencia del MPF”, indicó sobre la ley de expropiación.

Consultado sobre los rumores de dudas en el acompañamiento del propio oficialismo, aseguró que “nunca se dijo que estuvieran en duda los votos. Hubo versiones circulando en los pasillos de la Legislatura, pero el bloque del justicialismo siempre avanzó en este sentido, por una cuestión de coherencia con los objetivos que tenemos trazados. Nosotros acompañamos desde siempre la iniciativa y hay que sumar pasos para llegar al objetivo final. Así lo entendió Cambiemos también”, subrayó.

Aclaró que “ayer no aprobamos ninguna traza definitiva sino la posibilidad de que se pueda seguir adelante con el proyecto. La traza definitiva está sujeta a un pliego de bases y condiciones, la empresa va a tener que hacer el proyecto, que será evaluado por los organismos correspondientes del estado provincial y pasará por todos los controles. Nosotros definimos un marco en el cual debería darse esa traza”.

“La Legislatura no es un cuerpo de ingenieros viales ni tiene capacidad técnica para definir ningún tipo de traza, y entendemos que hay un interés colectivo, que es tener un camino costero para generar desarrollo. Hay que compatibilizar eso con el interés de los particulares, que son los que tienen títulos de propiedad por donde pasa el camino. No se está avanzando sobre la totalidad de la propiedad ni mucho menos, sino sobre el lugar donde iría el trazado de la ruta”, dijo.

Con esta ley concluyó la intervención de la Legislatura en la obra, manifestó: “Este es el último paso vinculado con la tarea previa al proyecto definitivo y el inicio de obra. Luego vendrán actuaciones en otros ámbitos, como la audiencia pública, pero con esto ya estaríamos habilitado a que se inicie el proceso de proyección de obra y la obra en sí, porque ya estamos en condiciones de avanzar en el resto de los predios rurales, que son terrenos fiscales. En el caso de las tierras del estado nacional, hay un acuerdo con la Administración de Bienes del Estado para avanzar”, indicó.

Bilota destacó la presencia en la sesión de Ernesto Piana, “un arqueólogo muy reconocido de la provincia, que trabaja en el CADIC”, y aseguró que las dudas quedaron evacuadas. “Había una confusión en el sentido de que en la sesión de ayer estábamos aprobando la traza definitiva, pero eso no ocurrió y tampoco la vamos a aprobar en el futuro, porque no es nuestra competencia”, dijo del rol de la Legislatura, por lo que este tema se deberá canalizar por otras áreas del gobierno. 

“Es la obra más importante de la historia de Tierra del Fuego por la cantidad de recursos que se van a invertir y estamos confiados en que se va a hacer de principio a fin, que se va a cuidar el patrimonio arqueológico, porque hay una ley vigente y hay que respetarla, generando el menor daño posible a los propietarios por donde pasará la traza definitiva”, planteó, y reconoció que “se llegó a esta instancia porque no se pudo llegar a acuerdos, en particular con estos dos propietarios -Goodall y Pastoriza-. En un caso hay un proceso sucesorio y es complicado llegar a un acuerdo, por otro lado existe cierta incertidumbre, que es lógica. A nadie le gusta que le saquen parte de un predio y que sea utilizado para el bien público. Pero ese potencial daño va a ser indemnizado como lo establece la propia ley de explotación, de acuerdo al valor que fije el Tribunal de Tasaciones Fiscales de la Nación”, concluyó.