"Seríamos como una inmobiliaria con un enfoque mucho más social", dijo Montes

En esta línea, Montes aseguró que “el tipo de obras que hacemos, perfectamente puede desarrollarse por un fideicomiso. Son obras de interés para toda la sociedad y para el privado. De igual forma, es complejo para nuestro paradigma y el rol social que cumplimos”.

“Readecuar y adaptarse va a ser una situación para la que, por lo menos, necesitamos hacer cambios de normativa, esperando siempre la definición de la política general para este y todos los IPV”, siguió.

Consultada por la segmentación por ingresos, Montes afirmó que “se hace en otras provincias y tiene que ver desde lo económico. Nuestra vara, lo que tenemos en cuenta, es la antigüedad. Ahora se sumaría la capacidad económica. La teníamos en cuenta, pero ahora hay un gran porcentaje de vulnerabilidad social, que tiene que ver con lo económico”.

“Si desaparece el financiamiento del Estado y tendremos que atenernos a lo público-privado, la principal norma será conseguir el dinero para seguir invirtiendo”.

De igual forma, indicó que “sabemos que se apuntará a lo público-privado, con la modalidad de banco hipotecario. También, que tengan un trabajo en blanco, algo que nosotros no teníamos en cuenta”.

Montes señaló que el Instituto está “atravesado por las políticas económicas y públicas del Gobierno Nacional. El IPV es federal. Está el tema del Fondo Nacional de Viviendas; si hay una reforma tributaria tenemos que ver cómo quedará nuestro goteo y demás”.

También aclaró que, desde el nuevo gobierno, “reconocen un déficit de viviendas, pero apuntan directamente al futuro propietario a generar créditos para que se metan en un fideicomiso y trabajen de otra forma. Si eso pudiera concretarse, tendríamos que readecuarnos para trabajar”.

A modo de ejemplo, narró: “Hubo una experiencia que no fue exitosa, con las viviendas de ATE. Son muchas las situaciones a tener en cuenta. Mirando el medio vaso lleno, el IPV puede readecuarse, pero con otro perfil”.

“Por ahí no son tantos los cambios y nos adecuamos rápidamente, o tendremos una demora para salir a dar soluciones habitacionales. Mientras tanto, estamos construyendo 500 viviendas, que terminaremos a como dé lugar. El Estado tiene continuidad jurídica. Podrá venir una baja en los convenios y el financiamiento y veremos cómo terminar las viviendas que están entre el 60% y el 70% de avance. Si no se respeta el convenio, readecuaremos los contratos para terminarlas”, consideró.

Sobre las deudas de la Nación, Montes detalló: “tenemos dos tipos de deuda, la que está por obra, con la que se pusieron al día. Luego lo que tiene que ver con la coparticipación, que está súper atrasado. Hace 3 años que tenemos los mismos ingresos y los gastos se dispararon. No es una deuda, porque ese tributo no ingresó al Estado. Teníamos una proyección de 2300 millones y llegó menos de la mitad”.

Consultada por el aumento de los costos de construcción, la Presidenta del IPVyH dijo que “es impresionante cómo aumenta cada mes. Nuestra variable de crecimiento a veces no representa el gasto real, no está a la par del índice de la Cámara Argentina de la Construcción. Hoy por hoy, para las contratistas es un problema. No hay ventas de materiales, no se entregan chapas, algunas instalaciones de gas y electricidad y demás. Atravesamos estas situaciones y, dentro de lo que es obra pública, puede adaptarse”.

Finalmente, se refirió a la demanda y comentó que hicieron “un trabajo para actualizarla. Para familias de 4 integrantes, tenemos una demanda de 3 mil familias. Tenemos 4.500 personas solas y estamos viendo la posibilidad de generar soluciones para ese perfil, como monoambientes”.