“Hay que adaptarse a esta nueva política nacional y a este rol del Estado”

En comunicación con Mañanas Diferentes, por FM Espectáculo 93.1, Montes advirtió que “hay mucha incertidumbre y frustración. Todo lo que estaba proyectado y programado, se ha caído. Sin el financiamiento, ningún IPV puede asegurar propiciar viviendas y soluciones habitacionales”.

“Tanto el gobierno, como nosotros, tenemos déficit. Estamos trabajando en nuevos proyectos, pero hay que tener algo por escrito en cuanto a los convenios, para proceder en otro camino”, siguió.

Sobre la falta de autoridades con las que comunicarse, Montes narró que “hubo una persona designada. Tuvimos una reunión en la que nos atendió gente de la Secretaría de Viviendas. Luego hubo una modificación de ministerios y pasó a estar bajo la esfera del ministro Caputto. El arquitecto renunció y no hay nadie”.

Y consideró que “hasta que no se estabilice la macroeconomía no pondrán el ojo en obra pública y lo que es la vivienda. Tienen otra visión muy diferente a la que el Estado viene llevando adelante hace 40 años en Tierra del Fuego”.

“Tenemos diferentes estados de avances. Parte del 40% de avance hasta el 95%. Con estas últimas estamos viendo de ajustar los precios de los contratos y poder entregarlas. Nuestra política va a modificarse, adaptándose a esta nueva realidad y rol del Estado. Ya no será paternalista y presente, hacia los que menos tienen”, agregó.

Montes expuso que tienen “deudas de la provincia, en lo que es obra y recibimos coparticipación que depende del impuesto de los combustibles. Esto se destrabó. Hasta que se estabilice y vuelva al IPV, pasará un tiempo. Hacia mitad de año tendrá el equilibrio como para que podamos invertir en obras”.

La funcionaria hizo hincapié en el trabajo desarrollado por el Instituto y recordó que “hay gente a la que se le entregó la vivienda hace 20 años y pagó 7 cuotas; o hay gente que paga 10 mil pesos de cuota. Aquellos que son morosos crónicos hay que intimarlos hasta llegar a las últimas consecuencias, como la desadjudicación de las viviendas. Es una situación completamente injusta con quienes están esperando hace un montón de años”.

“Podemos terminar algunas viviendas, independientemente de lo que diga Nación, con esta modalidad. Tenemos una operatoria que estamos analizando para empleados públicos de seguridad, educación y salud, que están en la demanda. Lanzaremos operatorias enfocadas en personas que tengan un ingreso que podamos verificar”, aseguró.

No obstante, criticó que “cada vez se restringe más lo que anteriormente venía haciendo el IPV. Esto está restringido porque no tenemos la pata de Nación, que nos permitía avanzar en la entrega de viviendas fuera de la situación económica de las familias”.

Montes manifestó que “la mirada del IPVyH tiene que cambiar. Seguirá siendo social, con cuotas mínimas y 30 años para que la gente pueda pagar. Hoy el Estado tiene que salir a alquilar para controlar los precios del mercado. Es una forma de mantener un porcentaje de viviendas en propiedad del Instituto”.

Consultada por las viviendas en marcha y la posibilidad de ofrecer alquileres, dijo: “Tenemos 54 viviendas para entregar. De ahí saldrán los cupos para discapacidad y vulnerabilidad, el resto irá a alquiler. La gente que está anotada será convocada para ofrecerles el alquiler con el 30% de su haber. Tendrán la oportunidad de seguir esperando para cuando haya operatorias de venta de vivienda”.

Al mismo tiempo, mencionó que “el lote con servicios cuesta, porque donde entregamos 50 lotes, entran 350 viviendas colectivas. Al entregar lotes, perdemos la oportunidad de generar departamentos con más soluciones habitacionales para más gente. La tierra urbanizada es costosa. No sé si le servirá a la gente. Considerando que hoy está en 1 millón 200 el metro cuadrado de construcción. La mano de obra y los materiales aumentan todo el tiempo”.

Para cerrar, Montes adelantó que “si Nación no se pronuncia, en un momento tendremos que dar de baja los convenios unilateralmente. El gobierno nacional es tan impredecible. El Estado tiene continuidad jurídica y se debe respetar lo acordado Nosotros no tenemos ni una obra abandonada en nuestra historia. Eran otros tiempos, en los que el IPV tenía superávit y podía continuar”.

“Tenemos diálogo permanente con la Cámara, aunque ellos están pidiendo respuestas, porque deben seguir pagando sus serenos y cuidar las obras. Hoy tenemos las obras suspendidas y la esperanza de poder terminarlas. Hay deudas que debemos pagar. Aunque hay diálogo y búsqueda de alternativas”, finalizó.