“Hay que ver los pros, los contras, y reglamentar, pero no eliminar derechos”

La titular del Juzgado Correccional de Ushuaia explicó que “el planteo fue realizado por más de 30 personas, y tengo 20 más. Además de cuestionar la sentencia de la Jueza de Faltas plantearon la inconstitucionalidad. Me aboqué a eso, hice un análisis y entiendo que no se puede prohibir el derecho al trabajo”.

“Se puede reglamentar cómo y en qué condiciones. Juega el derecho del consumidor a la libre elección, lo que implica libre competencia”, siguió.

Asimismo, dijo que la ordenanza 5283 “lo único que se dice es que es una actividad no regulada; que el Municipio perderá ingresos y que están en una situación distinta de los taxis y remises. No hay más razones para prohibir estas aplicaciones de transporte”.

La jueza aclaró: “Yo no soy asesora de nadie, ni aconsejo a nadie. Dentro de los fundamentos, explico que la prohibición por prohibición misma no corresponde a derechos constitucionales. No puedo hacer mérito de cómo. Eso sí, si una norma choca contra un derecho, debo expedirme”.

“En el fallo se sugiere en este contexto, no en asesoramiento jurídico, porque deben estudiarlo ellos”.

Además, explicó que desde el Municipio “tendrán que tomar la decisión política o no. Sé que van a recurrir los taxistas, remiseros y los municipios. Hay que abrir el juego, respetándose entre todos, igual que a los derechos constitucionales. Para esto se necesita diálogo y ordenar cosas, elegir modelos. Se debe cumplir la Carta Orgánica, que tiene artículos que chocarían con la prohibición”.

“Es una ciudad turística, en la que el turista tiene que ser bien recibido. Tenemos que estar a tono con los avances tecnológicos. Como planteamos la digitalización en la administración pública, son cosas que avanzan y hay que adaptarse. No quiere decir que no haya condiciones”, analizó.

Maiztegui Marcó aclaró que “no es que cualquier empresa pueda venir a imponer, pero sí ejercer el derecho de que no le prohíban trabajar. Hay que tomar la decisión política de ver si esto se enmarca legalmente en cómo y cuándo. No es cuestión de que no trabajen más taxis y remises, acá el debate es ¿puedo prohibir que trabajen? Porque no tienen posibilidad de ser habilitados. Es una prohibición al derecho del trabajo”.

Al mismo tiempo, graficó que “otros municipios se han sentado y dijeron ‘¿qué hacemos con este nuevo oferente?’. Seamos realistas, ¿cuántos ciudadanos de Ushuaia toman Uber? La plataforma no prohíbe que taxistas y remiseros trabajen, pero desde el otro lado se enojan si funciona”.

Consultada por los alcances del fallo, indicó que “la ordenanza no rige para el que hizo el planteo. Hay distintas vías de efectos cuando un juez declara la inconstitucionalidad de una norma. Es para este caso concreto. Se queda sin efecto la sentencia de la multa para los 30. Como yo soy la jueza, si quieren seguir multando, pueden hacerlo, pero yo seguiré fallando como lo he hecho”.

Y “si quieren recurrir, veré si están legitimados para hacerlo, y será el Superior Tribunal el que tiene que decidir. Todos los casos que he resuelto fueron porque les han puesto la multa”.

“La ordenanza tiene un artículo segundo bis donde habla de que se prohíbe toda oferta y contratación a través de plataformas digitales. No los habilitan”.

Al mismo tiempo, la Jueza Correccional expuso que “no es que Uber está colgada de una palmera, está insertada en Argentina como sociedad comercial. Controla habilitación, modelo de vehículo, reincidencia y antecedentes penales. El consumidor tiene derecho a elegir”.

Para cerrar, insistió en que “uno puede sancionar si la actividad está bien reglamentada. En ese caso, bueno, si no te gusta la sanción te irás a otra provincia. Por eso Mendoza sacó una ley provincial, para que todos los Municipios unifiquen el tema y que las plataformas no tengan que ver la reglamentación de cada ciudad. Son decisiones políticas. Uber, como otras plataformas, debe adaptarse”.