“No hay una necesidad de nuevas estructuras, sino de reforzamiento de secretarías”

En principio, Sagastume explicó que el reforzamiento es necesario “sobre todo en lugares álgidos, como las Defensorías, y todo lo que atañe a la presencia directa y necesaria del Poder Judicial. Un procedimiento sucesorio no requiere tanta presencia como un caso de familia”.

“Actualmente tenemos 8100 expedientes netamente digitales, y otros en proceso de digitalización. Una parte está en soporte papel, y otra está digitalizada”.

Además, valoró que han “logrado convenios con Migraciones, para que los conflictos se puedan resolver de forma digital, sin tener que acercarse a la ciudad. Amén de eso, se han realizado conexiones con la policía o el Servicio Penitenciario para agilizar el trámite y las entrevistas con detenidos. Todo esto agiliza el proceso y lo hace más dinámico”.

Y expuso que necesitan “el consenso del resto de los poderes, para determinar esta modernización del Código Procesal y Penal, para pasar a un Régimen Acusatorio”.

Sobre esto último, explicó: “Es un cambio en el sistema. Quedan tres provincias que no pasaron a un régimen acusatorio. Las prácticas de las otras provincias nos sirven de práctica, a los efectos de contar con un Código más actualizado”.

Sagastume puso en valor que otra de las aristas a destacar es que hemos logrado inaugurar, o reacomodar distintas instalaciones, para hacerlas más amables con los empleados y las personas que acuden a los servicios de justicia. El proceso es ir dejando de arrendar inmuebles. Con el de 12 de octubre reducimos de dos alquileres a uno. Queremos ir hacia las estructuras propias y dejar esto, que realmente es costoso”.

Y señaló que “la estructura propia hace que uno pueda abocarse a la mejora del propio edificio de YPF de Río Grande. Al Superior Tribunal, que tiene una estructura muy importante, está frente a la Base, con un edificio muy reducido. Cíclicamente renovamos las unidades, pero para eso debemos contar con unidades propias”.

En cuanto a los concursos del Poder Judicial, dijo: “Hay más voluntad de participación en el régimen de empleados. Los concursos de jueces, ministerios públicos o funcionarios rondan las 15 personas. No es que todos los abogados desean ingresar el Poder Judicial. Advertimos que quienes más se presentan son los propios operadores internos”.

Consultado por las causas y la naturaleza de las mismas, marcó: “Siempre un crecimiento demográfico genera un crecimiento en los expedientes. Advertimos una variable importante a todo lo relativo en cuestiones de familia, violencia de género intra y extra familiar, y lo relativo a delitos contra la integridad sexual. Eso es lo que advertimos que más se incrementa”.

“Tenemos que tener en cuenta la conformación social de la provincia, en cuanto a la mano de obra calificada que opera en fábricas. La migración hacia nuestra provincia viene desde grandes centros urbanos, con distintas idiosincrasias. Eso produce que no tengan el suficiente arraigo y se produzca un nivel de problemáticas singular”, analizó.

Finalmente, habló sobre el presupuesto y las expectativas para el 2025: “Más del 90% del presupuesto es en salarios. El resto es para informatización, cuestiones edilicias, insumos, obras nuevas y demás. Generalmente nos mantenemos en la media del 6% del Presupuesto general de la Provincia. Hemos tenido pautas muy superiores. Por ejemplo, en el 2010 estábamos en el 8,57%”.

“Apuntamos a políticas públicas sostenidas. En cuanto a digitalización, reformas judiciales para ir hacia un sistema de oralidad plena y en materia penal, para ir a un régimen de naturaleza acusatoria. Además, avanzar hacia los edificios propios. El convencimiento del Superior Tribunal es que el Poder Judicial va hacia estos lugares”, culminó.