“Tenemos cerca de 3 mil familias y unas 4 mil personas anotadas solas”

En este sentido, Montes contó que “con las políticas actuales, las expectativas están en terminar lo que tenemos y entregar lotes con servicios. Es carísimo generar infraestructura. Donde pude hacer 250 viviendas, entrego 50 lotes, y el gasto en infraestructura es el mismo. Es mucho más rentable para la ciudad, para el IPV y para el privado hacer viviendas colectivas. Tenemos esperanza de que cambien las políticas nacionales. Creemos que el Estado tiene que estar presente para cumplir”.

“Nunca dejamos de trabajar en la ejecución de viviendas. El ritmo es muy lento. Tenemos los planes de trabajo planchados, porque dependemos de fondos propios. Hay una sola obra rescindida, que vamos a ver en qué operatoria podemos sacarla. Las 414 viviendas restantes están en ejecución”, aseguró.

Y contó: “Tuvimos una suspensión de 6 meses y se reiniciaron hace un año. Tenemos 204 viviendas en Río Grande y 210 en Ushuaia. El porcentaje de avance es alto. Pensamos que algunas podrían terminarse en 2026 y otras en 2027”.

Respecto a los fondos con los que sostienen las obras, comentó: “Es con lo que se recauda y el Fondo Nacional de Vivienda, que es un recurso de los IPV de todas las provincias. Llega por coparticipación, con el impuesto a los combustibles. Se está viendo si se va a modificar. Hoy por hoy lo seguimos recibiendo. No es el mismo ritmo al que estamos acostumbrados. Fue todo muy disruptivo. Teníamos más de 2 mil viviendas licitadas. Nunca obtuvimos el financiamiento. Quedamos con las obras que estábamos ejecutando. Eran 500 y ya entregamos algunas. Seguimos con el resto”.

Además, aclaró que “con el recupero, podemos hacer una vivienda y media por mes, porque se indexó la cuota hace 8 años. La tenemos por indexación en los últimos 3 años. Durante estos años, las cuotas se achicaron con el tiempo y no generaron el ingreso para reinvertir. Antes funcionaba por la importante pata del Estado nacional, con los planes de vivienda que estuvieron vigentes por los últimos 50 años”.

“Están entre un 60 y un 80%. Hay que hacer obras de infraestructura. Creemos que en los próximos dos años podremos entregarlas por etapas”.

Laura Montes también manifestó: “Esperamos que el Gobierno nacional pueda cambiar, porque no vemos un horizonte positivo para las obras públicas en general. Estamos con estas iniciativas público privadas en el título, nada más. El privado quiere recuperar su inversión rápidamente y nosotros cobramos nuestras viviendas a 30 años”.  

Sobre esto último, subrayó que “el privado pedía estabilidad económica. Hubo una aparente estabilidad. Hoy por hoy, tampoco tienen certeza de que haya estabilidad para invertir con nuestra demanda. Nosotros absorbimos PROCREAR, tenemos gente vulnerable y de ingresos medios”.

“Las ventas en pozo o privadas están con un porcentaje de la población que no supera el 10%, porque el que puede hacer la compra tiene un poder adquisitivo alto. La inversión debe recuperarse pronto. No es compatible una cosa con la otra”, agregó.

Finalmente, Montes expresó que “hay que ver qué pasa con el FONAVI, porque es probable que desaparezca. Seguro la provincia pondrá el dinero para viviendas, porque hay obras y contratos vigentes, pero también genera cierta incertidumbre. Ahora no es posible, por el tema financiero. Nosotros tenemos la responsabilidad de que la tierra sea productiva y genere soluciones habitacionales para más personas”.

“En el corto plazo, abocamos todos los recursos a terminar viviendas. Cuando quede algún esto, seguramente será para servicios o para créditos. El tema es que pase este momento tan apretado financieramente. Si no, hay que hacer un real diagnóstico de lo que va a pasar con todos los IPV del país. Es cíclico. Ha pasado en los 90 con el liberalismo de Menem. Después repuntó. El tema es qué va a pasar a nivel nacional. Lo que ocurra con la Nación será determinante de lo que ocurra en la provincia”, culminó.