“Tenemos que tratar de adaptarnos de alguna manera, para no desaparecer”

La funcionaria aclaró que “no es ninguna novedad. Es algo que se venía manifestando. Hubo situaciones particulares y conocimiento sobre este proyecto de modificación del proceso productivo, que llevaron las Cámaras industriales AFARTE y UIF. Este pedido se hizo a Nación y ellos nos enviaron el proyecto para que emitamos una opinión no vinculante sobre aspectos técnicos-normativos de la modificación que se planteaba”.

Sobre lo que implicaría este cambio, explicó: “Lo más importante radica en la reducción del nivel de ensamble que se requiere para la fabricación de celulares. Había un requerimiento que de mínima tenía que ser del 70%. Hoy se reduce al 40%. No es arbitrario, ni una definición completa, pero es posible que algunos productos vengan con un porcentaje mayor de ensamble. Eso es lo más importante, porque tiene que ver con la operación de la fabricación”.

No obstante, aclaró que “esto no se traduce linealmente a una reducción de 400 puestos de trabajo. Eso es incorrecto. Hay que entender que en el proceso productivo de un teléfono hay distintas operaciones: ensamble, control, embalaje, abastecimiento de materiales y un montón de procesos. Esto apunta directamente a la operación en el ensamble. Sí significa una reducción, pero no tenemos un número real. No todas las empresas fabrican de la misma manera, ni los procesos son iguales”.

“Es complejo de sintetizarlo a ‘vamos a reducir 400 puestos de trabajo’. Es complejo y no deviene en una cosa concreta. Hay muchas variables que intervienen en cómo termina impactando en la línea productiva y los puestos de trabajo. Es algo que requerimos a las empresas. Se manifestaron a favor de los trabajadores. Se hizo un pedido para que nos pasen un análisis con más información sobre qué se habla con esta reducción”, agregó.

Aunque reconoció que “es factible que exista una reducción en la parte del ensamble. Con esto se apunta a hacer más eficiente el proceso productivo para lograr competitividad. Esto es algo que Nación anuncia desde siempre. Buscan la reducción de costos, la competitividad y la reducción de operaciones. A esto no hay que entenderlo como algo estrictamente productivo, ni sabemos qué va a pasar”.

Alejandra Man subrayó que “es una definición nacional, todo apunta a la competitividad frente al escenario de la importación. Por todos lados tocan procesos productivos para que la producción nacional compita con lo importado. Estamos parados frente a esa premisa nacional”.

“El caso de las notebooks fue bastante similar. Se perdió el producto. Las empresas y las marcas dejaron de fabricar porque no era competitivo frente a la importación”.

Y enfatizó: “La Provincia no avala, aprueba o acompaña. Nosotros emitimos un informe técnico. Frente a este escenario, esto nos da una posibilidad de seguir produciendo. Si no se modificase el proceso, quizás estaríamos fuera de competencia. Estamos entre la espada y la pared. Primero fue el Decreto 333, de apertura a la importación en enero del 2026. Ahora aparece esta oportunidad. Entendemos que tiene que ver con la búsqueda de competitividad. Hoy, o nos adaptamos o desaparecemos”.

“No sé si es lo ideal. Nosotros vamos a velar por los puestos de trabajo, pero esto excede nuestras aspiraciones de deseo. Tiene que ver con el orden de una definición política de hacia dónde van el sentido productivo, el comercio y cómo quiere instalarse todo en el 2026”, dijo.

Pese a que funcionarios nacionales han criticado la industria fueguina por considerarla “ensambladora”, la definición nacional refuerza este proceso productivo. Sobre esta dicotomía, la funcionaria manifestó que “los fueguinos entendemos el ensamble de otra manera y tiene que ver con un sistema productivo que está en el mundo. Es un proceso. Un concepto que tiene que ver con unir partes. Quizá gente que no conoce, no entiende o tiene mal el concepto lo puede ver, como decían en su momento, que armamos alfajores”.

“Hay que seguir defendiendo lo que significa en términos productivos. Es un sistema y un modelo productivo que se utiliza en el mundo. Somos unidades terminales, como en Córdoba están las terminales automotrices. Simbólicamente genera esta lectura, que es difícil. Todos tenemos que entenderla y conocerla para poder explicarla después”, analizó.

Asimismo, mencionó que “en el proceso productivo anterior los insumos tenían que ser nacionales. Esto iba con otra lógica política e industrial que tenía que ver con el desarrollo de proveedores a nivel nacional. Hoy eso no está más. La modificación tiene que ver con que los insumos pueden venir importados. La folletería que antes se importaba en Córdoba o Buenos Aires y hoy puede venir de China”.

Respecto a las definiciones nacionales que le quitan voz a Tierra del Fuego en los debates sobre los destinos de su propia industria, Alejandra Man lamentó que “por más que nosotros opinemos que está bien o mal, no deja de ser más que una opinión ¿Con qué fuerza podemos acompañar algunas cuestiones?”.

“Nuestra preocupación por la continuidad de la fabricación fue en una nota que acompañó el informe técnico. Dejamos de manifiesto que nos preocupa esta situación y no nos parece menor, pero entendemos que se va a hacer independientemente de lo que nos parezca”.

E insistió con que “el Gobierno nacional es la autoridad de aplicación de la Ley y nosotros somos autoridad de contralor. Eso siempre fue así. Bajo esa premisa de estar bajo una Ley que no es nuestra, que no podemos tocar, quedamos en un lugar frágil, con mucha incertidumbre. Tenemos que tratar de adaptarnos de alguna manera, para no desaparecer”.

Y agregó: “El Gobierno nacional busca esto y son definiciones nacionales. Mal que nos pese, esto es lo que esta gente promueve. Hoy buscamos lograr mayor competitividad en estos escenarios de importación. A nivel nacional toda la industria está afectada. No nos pasa sólo a nosotros. Pasa en todos los órdenes. Sinceramente, creo que tiene que ver con cuestiones de lógica macro, que nos afectan directamente en el orden de lo productivo. Hoy el Régimen de Promoción es muy importante para la economía de la provincia”.

Para cerrar, la secretaria de Industria de Tierra del Fuego consideró que esto “no es un ataque directo, ni sé si llamarlo un ataque. En algún punto, depende de con qué sector el Gobierno nacional tiene mayor o menor afinidad. No fueron en contra de la Ley”.

“Tienen potestad de cuestiones como esta. Si afectás la economía y la producción, afectás la fabricación. Hay una pérdida de poder adquisitivo. La gente no compra, no consume, y eso es directamente proporcional a la producción”, culminó.