El Superior Tribunal de Justicia se pronunció sobre una demora en el otorgamiento de una pensión por discapacidad

La mujer presentó una acción de amparo para que se resolviera su solicitud, debido a la falta de respuesta del Estado provincial. Durante el trámite judicial, la administración finalmente se expidió sobre el pedido, por lo que el Tribunal consideró que la causa había quedado sin conflicto actual.

En tal sentido, el Tribunal señaló que la demora en brindar una respuesta resultó injustificada y que la solicitante se vio obligada a acudir a la vía judicial para obtener una definición sobre su trámite.

Asimismo, se destacó la situación de discapacidad de la mujer, recordando que las personas en condición de vulnerabilidad requieren respuestas más rápidas y eficaces por parte del Estado.

En ese contexto, el Tribunal dispuso que la Provincia asuma las costas del proceso, al considerar que la actuación tardía de la administración fue la que motivó la intervención judicial.

Además, se regularon los honorarios del abogado de la amparista, al entender que su intervención profesional resultó determinante para que la solicitante obtuviera la pensión, aun cuando la resolución administrativa se produjo fuera del expediente judicial.

El fallo remarca la importancia de que los derechos sean atendidos en un plazo razonable y advierte que las demoras del Estado pueden generar consecuencias, especialmente cuando afectan a personas en situación de vulnerabilidad.