“Estamos ávidos de que se hagan inversiones, pero no pueden hacerse de cualquier manera”

La funcionaria explicó que “hubo un pedido de la empresa Karelovich, que tiene la concesión de la empresa YPF, para hacer una demolición. Luego, habían hablado con el director del área, porque habían programado una ampliación del edificio. Es una zona especial. Sabemos que no tiene indicadores prefijados, como otros lugares, porque es la costa. Cada persona que quiera construir tiene que pedir las autorizaciones en Hábitat, para que les indiquen de qué manera se puede llevar adelante la obra. Es una serie de componentes que no están en otros lugares”.

En esta línea, Yutrovic consideró que “la empresa se excedió, porque con un permiso de demolición empezó a hacer una ampliación. Nosotros venimos haciendo las inspecciones, actas y paralizaciones, solicitando que presenten la documentación. Hicieron caso omiso a las primeras infracciones y entramos a un espiral de conflictividad. No nos ponemos de acuerdo en que acá hay una obligación de cumplir. La responsabilidad cae sobre el profesional a cargo de la obra, que no cumple con los plazos, los tiempos y las presentaciones”.

“En este sector no se puede avanzar en modificaciones de construcción si no hay una intervención del CoPU que autorice esos nuevos indicadores”.

“Las presentaciones de ellos fueron el año pasado. En medio tuvieron un cambio de profesional. Cuando alguien inicia una obra, presenta los planos y, en base a eso, la Dirección de Obras Privadas lo tiene que derivar a la Secretaría de Hábitat para que dé los indicadores especiales. Luego eso tiene que pasar por el Consejo de Planeamiento Urbano. Si la empresa estaba apurada por algún motivo, hubiera empezado antes. No es nuestra responsabilidad. No pueden infringir la norma porque tienen otros apuros”, sentenció.

Al mismo tiempo, criticó que “siguieron avanzando y nosotros continuamos inspeccionando e infraccionando. Ahora tengo una nota de un sindicato que nos quiere hacer responsables como Municipio si algo les pasa a los trabajadores. El propio sindicato puede ir al Ministerio de Trabajo y a la Justicia. En nuestro caso, tratamos de agotar todas las instancias. Deberían haber empezado por presentar los planos y esperar las autorizaciones y no avanzar de prepo”. 

Y agregó: “Ante una situación en la que la empresa desconoce a la autoridad, en función de cuatro actas de infracción, se nos terminaron las herramientas administrativas. Hicimos esta presentación para poner la responsabilidad en el representante técnico y en el propietario. Ese fue el camino que tuvimos que seguir para garantizar que se respeten las cuestiones administrativas de Municipio”.

“En lo que nos respecta, si en una obra no se puede ejercer el control y el responsable no se aviene a las normas de la ciudad, no podemos decir que está todo bien”.

La funcionaria municipal entendió que “si querían hacer una ampliación, el profesional está obligado a conocer la normativa. Quizá no el propietario, porque para eso contrata un profesional. Nosotros no atendemos a particulares en Obras Privadas, porque la gente está obligada a estar asesorada y acompañada por un facultativo”.

Por otro lado, insistió en que “ellos presentaron un permiso solamente de demolición. En medio cambiaron el profesional. Tendrían que haber presentado la documentación de obra nueva para que fuera analizada. Eso fue lo que no hicieron y empezaron a construir sin ese permiso. Nosotros, para cubrir la responsabilidad que podría tener la Municipalidad, tuvimos que dejar sentado este tema en la Justicia”.

Finalmente, la secretaria de Planificación y Obras Públicas aseveró que siguen “abiertos a charlar con los representantes técnicos, para que regularicen la situación y demuestren, presentando la documentación de obra, que la ampliación se adaptará a posibles indicadores urbanísticos.  Hay que volver atrás, barajar y dar de nuevo”.