Comienza juicio por irregularidades en la adjudicación de viviendas sociales y por lavado de dinero

Dos de los imputados están acusados por 22 hechos de presuntas maniobras defraudatorias relacionadas con el programa de 128 viviendas ubicado en Barrancas del Río Pipo.

Según la acusación, habrían ofrecido lugares o soluciones habitacionales a personas que no cumplían con los requisitos establecidos, entre ellas empleados estatales y afiliados al gremio, recibiendo a cambio dinero, vehículos, cheques y otros bienes.

De acuerdo con la investigación, las maniobras se habrían concretado mediante el aprovechamiento de funciones gremiales, gestiones ante organismos públicos y la presentación de listados de postulantes que presuntamente no correspondían al universo legítimo de beneficiarios.

En tanto, el tercer imputado será juzgado por presuntas maniobras de lavado de activos. La acusación sostiene que habría intervenido en operaciones relacionadas con maquinaria vial, cheques y contratos que buscaban dar apariencia lícita al origen de fondos y bienes provenientes de los hechos investigados.

El Tribunal estará presidido por el Dr. Alejandro Pagano Zavalía, con vocalías de los Dres. Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla.

El Ministerio Público Fiscal será representado por el Dr. Daniel Curtale. La defensa de los imputados estará a cargo del Defensor Público Dr. José María Fernández López, la Dra. Marisel Banegas y el Dr. Rodrigo Guidi.

Por su parte, la querellante Daniela Soledad Tapponier participará del juicio con el patrocinio letrado del abogado Enrique Hernández Arriagada, en tanto que el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) lo hará representado por su equipo de abogados.

Para el desarrollo del debate está prevista la convocatoria de alrededor de 90 testigos, aunque la cifra todavía debe ser confirmada.