“Al Gobierno nacional le interesa que a todos los fueguinos les vaya bien”

En este sentido, Gracianía calificó como “auspicioso” que “desde el Gobierno provincial estén manteniendo un diálogo institucional con la Nación. Sabemos que siempre tuvieron la intención de mantener diálogo con todos los gobernadores de la Argentina”.

“Melella fue reacio a mantener diálogo institucional con el presidente de la Nación. Fue invitado a formar parte del Pacto de Mayo y decidió no participar. Creemos que es muy importante que el primer mandatario tenga diálogo con la Nación. Hay cosas que se tienen que trabajar en conjunto. Si bien somos una isla, no podemos quedar aislados del país”, expresó.

La legisladora aseguró que “es de público conocimiento que la Nación acompaña con adelantos de coparticipación todos los meses, porque la Provincia está complicada con sus números. Al Gobierno nacional le interesa que a todos los fueguinos les vaya bien. Nos parece muy saludable que haya un diálogo institucional”.

Según Gracianía, durante el encuentro adelantaron “proyectos en los que estamos trabajando como equipo. Se trabaja en un Régimen Simplificado de Exportación para Pymes y Empresas Fueguinas, para que puedan obtener una acreditación de origen de manera más rápida y vender al continente. Es un proyecto que se trabaja con Aduana y con otros organismos del Gobierno nacional. Lo comentamos con el ministro Santilli, que dijo que acompañarán todo lo que tiene que ver con la productividad y con quienes sostienen el empleo fueguino”.

También se habló sobre “la importancia de seguir trabajando para lograr los consensos y que se apruebe la adhesión al RIGI. Entendemos que es una herramienta eficaz. El Gobierno nacional demostró que genera trabajo directo e indirecto y tiene un impacto en las provincias. Esta herramienta da certezas jurídicas, que es lo que tenemos que mostrarles a los inversores. Si llegan inversiones tendremos puestos de trabajo genuinos para nuestra gente”.

“Este año pudimos tener las comisiones correspondientes en las que se trató el RIGI y obtuvimos dictámenes favorables. Logramos llevarlo a la sesión, pero no tenemos los votos para aprobarlo. Quienes se oponen, tienen argumentos muy débiles, como que con la 19.640 estamos bien. La Ley no está en discusión, ni discutimos si sí o si no, sino una herramienta que puede convivir y nos da certeza jurídica para que los inversores sepan que las reglas no van a cambiar por 30 años”, contó.

Al mismo tiempo, criticó que “los argumentos para oponerse son solo ideológicos. Estamos tratando de que esta Ley salga, porque estamos convencidos de que favorecerá a todo el pueblo de Tierra del Fuego. Necesitamos que se generen nuevas inversiones, puestos de trabajo y ampliar la matriz productiva. Entendemos que el RIGI es una herramienta eficaz”.

“Tenemos tantos recursos naturales y tantas riquezas, que podemos hacer que Tierra del Fuego salga adelante. La provincia tiene que despegar y crecer por sí misma. Tenemos todas las condiciones para hacerlo. Hay egoísmos que no se pueden desprender y no permiten despegar de una vez por todas”.

Gracianía entendió que el RIGI “es un ejemplo de cómo lograr, de manera virtuosa, salir adelante con nuestros recursos. Creo que a partir de esto está la posibilidad de mejorar la vida productiva fueguina. Lo vemos con mucha esperanza”.

Por otro lado, habló sobre su pedido de revisión de los criterios del concurso para elegir al titular de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: “Es un concurso público para designar a alguien que estará 5 años representando los intereses de los niños, niñas y adolescentes de Tierra del Fuego. Debe tener reglas absolutamente claras y la transparencia no es una opción, sino una obligación”.

La legisladora indicó que “en esta primera etapa, de 63 personas inscriptas, 45 postulantes quedaron excluidos por cuestiones formales. 38 de los cuales no habrían podido acreditar una residencia continua de 5 años anteriores a la postulación”.

“Hablamos de casos testigo que vivieron toda la vida en Tierra del Fuego. Creemos que es necesario revisar los criterios de admisibilidad. Por esa razón, el 10 de junio envié una nota al comité evaluador para que pueda revisar. El número de excluidos es muy alto”, advirtió.

E insistió en que discute “cuál fue el criterio para la acreditación de los 5 años de residencia. Si son personas que no tienen ese tiempo, no hay nada que discutir. No estaba especificado de qué manera acreditar. Si de 66, 45 quedan excluidos y un 84% de los no admitidos no pudieron acreditar el requisito, nos damos cuenta de que no había un criterio claro”.

Por lo que mencionó, realizó “una presentación formal para solicitar la suspensión de plazos. Es un concurso público de antecedentes y oposición, necesita tener reglas claras y transparentes. Al día 15 no obtuve respuestas. Me comuniqué con los tres integrantes de la Legislatura y manifesté que iba a hacer público mi reclamo. Me dijeron que me iban a responder por escrito. Estoy esperando la respuesta y quiero manifestar que hubo presentaciones formales. Les pedimos a los que no fueron admitidos y que consideran que cumplieron los requisitos que presenten un escrito”.

“Los plazos siguieron corriendo, y ni bien terminaron de ser expuestos los listados de admitidos y no admitidos, corrió el plazo para las impugnaciones, que son solo para los admitidos. Los plazos continúan vigentes, el concurso continúa adelante y no está claro por qué de 63 inscriptos 45 personas quedaron no admitidas por requisitos formales, ni está claro que esas personas tengan la posibilidad de que se revise la decisión tomada sobre su presentación”, culminó.