"No son ni los gobernadores ni los intendentes los que tienen capacidad ni para autorizar ni para desautorizar”

Según explicó López, la normativa vigente al momento de la instalación establecía que las cuestiones relacionadas con órbitas satelitales y radares correspondían a la Secretaría de Innovación Pública, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

“La ley vigente asignaba las órbitas satelitales y los radares a la Secretaría de Innovación Pública, dependiente de la Jefatura de Gabinete, continuadora del Ministerio de Comunicaciones de la época de Macri. No hubo ninguna resolución ni posición del ENACOM porque no era su competencia”, afirmó durante su exposición.

López señaló que la instalación del radar fue autorizada de manera precaria en noviembre de 2022 por la Subsecretaría de Comunicaciones, dependiente de la Secretaría de Innovación Pública.

De acuerdo con su relato, posteriormente, a partir de la intervención del Ministerio de Defensa y de la Cancillería, la misma dependencia nacional suspendió la autorización y finalmente la revocó de manera definitiva.

“El único hecho objetivo es que una dependencia del Gobierno nacional fue la única que intervino para autorizar de manera precaria, para suspender y después para cancelar de manera definitiva”, sostuvo el exfuncionario.

Otro de los aspectos planteados por López durante su declaración estuvo relacionado con las competencias de los distintos niveles del Estado.

En ese sentido, afirmó que la cuestión corresponde al ámbito federal y sostuvo que ni la Provincia ni el Municipio cuentan con facultades para autorizar o revocar una instalación de estas características.

“No es ni materia provincial ni materia municipal. No son ni los gobernadores ni los intendentes los que tienen capacidad ni para autorizar ni para desautorizar”, manifestó.

López también cuestionó la posibilidad de que autoridades provinciales o municipales puedan ingresar a una propiedad privada para intervenir sobre el radar sin una orden judicial. “En ninguna parte la Constitución Nacional le permite a un gobernador intervenir en una materia federal y allanar sin orden de un juez una propiedad privada para desarmar un radar”, expresó.

Finalmente, el exvicepresidente del ENACOM sostuvo que, tras la revocación de la autorización, el radar debería encontrarse desactivado desde 2023. “Tengo entendido que no cuenta con energía eléctrica y que tanto la Gobernación como la Intendencia se presentaron ante la Justicia para pedir su desmantelamiento”, indicó.

López consideró además que el Gobierno nacional cuenta actualmente con herramientas para verificar la situación del dispositivo. “El Gobierno nacional actual, a través de sus dependencias, sí tiene facultades para ordenar una inspección si hubiera dudas”, afirmó.

Sin embargo, diferenció esa posibilidad de una eventual intervención física sobre el equipamiento. Según explicó, para avanzar con un decomiso o desmantelamiento sería necesaria la intervención de la Justicia. La declaración de López se produjo en el marco de la investigación legislativa sobre la instalación del radar de Leolabs en Tolhuin, uno de los temas que generó controversias entre autoridades provinciales, municipales y nacionales por las competencias y responsabilidades involucradas.