“No estamos pudiendo controlar la trazabilidad de los residuos peligrosos”

La abogada explicó que “la Secretaría de Ambiente es la autoridad de aplicación de diferentes leyes. Una es para el otorgamiento de certificados ambientales, otra es para el control y trazabilidad de residuos peligrosos y otra es sobre los recursos hídricos. Son estos tres ejes sobre los cuales se solicitó el ingreso al puerto para realizar los controles correspondientes”.

Sobre los orígenes del conflicto, narró: “En una primera instancia se solicitó a las autoridades del puerto provincial que nos permitan ingresar a hacer los controles que hacemos habitualmente. Las autoridades provinciales, que nosotros consideramos que son las competentes, nos dijeron que sí, pero cuando se apersonó el personal de la Secretaría de Ambiente, autoridades de ANPyN obstaculizaron el ingreso diciendo que la autorización no había sido tramitada por ellos”.

“Avisamos del día en que íbamos a realizar la inspección, nos volvieron a contestar que no somos la autoridad competente y que volviéramos a explicar, entonces, por qué somos la autoridad”.

“Se les solicitó que nos permitieran ingresar y nos respondieron que no, porque interpretan que son la autoridad competente en la materia para controlar la materia portuaria. Intercambiamos una serie de notas por una interpretación que tiene ANPyN sobre hasta dónde llegamos nosotros, si es excluyente o no, o si podemos ir a controlar de manera conjunta”, siguió.

Según Cristófano, “lo que interpreta Nación es que no somos la autoridad competente. Lo que nosotros sostenemos, por leyes provinciales y por lo que dice la Constitución nacional, es que somos la autoridad competente para realizar los controles”.

Asimismo, mencionó: “El primer intercambio es con las autoridades nacionales. Ahora, ante la segunda negativa y el impedimento a ingresar, se iniciaron los procedimientos sumariales correspondientes. Primero, para ver qué medidas sancionatorias pueden ser aplicables. A su vez, para ver qué otras medidas tenemos que adoptar”.

La funcionaria expuso que lo que les importa “es el resguardo del ambiente, porque somos autoridad de aplicación y funcionarios públicos. Estamos obligados a realizar los controles correspondientes. Además, ‘residuos peligrosos’ es una categoría de residuos que no puede ir al relleno sanitario municipal, porque tiene un tratamiento diferencial. Salen de los buques, de los cruceros y de la propia actividad portuaria vinculada con hidrocarburos, combustibles y aceites”.

“El contenido de la negativa a ser autoridad competente en materia ambiental es preocupante. Se empieza a volver difuso hasta dónde llega la pretendida intervención administrativa sobre el puerto”.

A su vez, valoró la predisposición de los operadores que, pese a la intervención de la ANPyN, continúan respetando la normativa provincial: “El sector privado se vincula con nosotros de manera correcta. Tienen los certificados como corresponde y siguen las medidas que decimos que adopten. El problema es la descarga y el tratamiento que tengan los residuos de tipo peligroso”.

Consultada por los pasos a seguir, Cristófano indicó: “Por lo pronto, tenemos que enmarcarnos en lo que nos permite y cómo nos ordena guiarnos la Ley. Amén de cómo se está manejando ANPyN, tenemos que seguir los procedimientos como corresponden e iniciar las acciones judiciales correspondientes. Eso entendiendo que estamos cercanos a la temporada y tenemos operadores distintos. No es que el Ministerio se desentiende. Por eso somos tan cautos en las medidas que se toman y las formas en que nos comunicamos”.

Por último, aclaró que “las operaciones son las normales, como se viene manejando. Las instancias en las que tengamos que tomar medidas serán debidamente notificadas a todos. Estamos en instancias internas que son necesarias para darle formalidad al expediente. Tendremos que analizar cómo continuamos si sigue la negativa”.