Un estudio detectó dificultades para aplicar las normas en Tierra del Fuego

La investigación titulada “La salud mental y la prevención del suicidio en la frontera: entre el marco legal y su aplicación práctica en Tierra del Fuego”, se centró especialmente en Río Grande, en el período 2019-2024 y fue presentada por las politólogas Débora Noemí Villalba y Gisela Pichunman, docente investigadora del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado de la UNTDF, durante las II Jornadas de Salud Mental Comunitaria e Inclusión Social, organizadas por la Tecnicatura Superior en Acompañamiento Terapéutico del CENT 35 de Río Grande “Prof. Julián José Godoy”.

El trabajo analizó las normas nacionales, provinciales y municipales vinculadas con ambas problemáticas y las contrastó con su implementación. Para ello, incluyó entrevistas semiestructuradas a referentes de organizaciones de la sociedad civil, funcionarios de la gestión pública y concejal de la ciudad de Rio Grande.

El estudio destacó que Tierra del Fuego incorporó tempranamente los lineamientos nacionales en materia de salud mental y prevención del suicidio. En ese marco, las normas reconocen a las personas como sujetos de derechos y promueven un modelo de atención comunitario, interdisciplinario y articulado entre distintos sectores.

Entre las principales referencias normativas se encuentran la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657, de 2010, y la Ley Nacional de Prevención del Suicidio N.º 27.130, de 2015. Ambas establecen principios y herramientas para orientar las políticas públicas, desde la atención integral hasta la prevención y el acompañamiento comunitario.

Sin embargo, al examinar su aplicación, la investigación identificó un escenario fragmentado, debido a la implementación parcial de mecanismos de articulación entre sectores, las restricciones presupuestarias y las diferencias en la distribución de recursos entre los tres municipios fueguinos.

En Río Grande, las organizaciones de la sociedad civil tuvieron un papel relevante en la visibilización de la problemática y en la incorporación de sus demandas a la agenda pública. Ese proceso contribuyó a la creación de áreas técnicas específicas y a la ampliación progresiva de los dispositivos de atención a nivel local.

No obstante, uno de los principales hallazgos fue que los espacios institucionales previstos para la participación y el trabajo conjunto no se encuentran en funcionamiento. El estudio señaló que tanto el Consejo Municipal de Salud Mental (que sesionó por primera vez a finales de agosto de 2026) como el Consejo Consultivo Honorario, contemplados en la normativa, ofrecen mecanismos para que el Estado y las organizaciones sociales participen en el diseño, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas.

Sin embargo, la falta de funcionamiento de estos espacios limita la posibilidad de sostener esa participación por vías institucionales y hace que la articulación dependa, principalmente, de canales informales.

Otro de los desafíos identificados es mejorar la coordinación entre el Gobierno provincial y el Municipio, para evitar respuestas fragmentadas y avanzar hacia políticas sostenidas y articuladas en el territorio.

Como conclusión, la investigación registró avances en el reconocimiento de derechos y en la incorporación de la salud mental y la prevención del suicidio a la agenda pública, pero advirtió que la existencia de leyes y programas no garantiza, por sí sola, que las respuestas previstas lleguen de manera efectiva a la comunidad.

Por eso, plantea la necesidad de construir acuerdos políticos que permitan asegurar un financiamiento progresivo, sostener los espacios de participación y fortalecer la coordinación entre los distintos niveles del Estado y las organizaciones sociales.

El desafío, según el trabajo, es pasar del reconocimiento formal de los derechos a políticas públicas integrales, sostenidas en el tiempo y adaptadas a las necesidades de cada comunidad.