El Municipio de Río Grande denunció que el Gobierno no explicó “cómo ni cuándo devolverá” los fondos de coparticipación

La secretaria de Finanzas, Valeria Capotorto, asistió al encuentro en representación de la gestión de intendente Martín Pérez, junto a las autoridades económicas de Ushuaia y Tolhuin.

Según expresaron desde el Municipio, la reunión concluyó sin el compromiso de pago que Río Grande había exigido. El ministro Alejandro Barrozo no presentó un cronograma para cancelar los fondos pendientes ni precisó de qué manera la Provincia obtendrá los recursos necesarios para afrontar sus obligaciones con la ciudad.

“El aspecto central del reclamo es que la Provincia recibió fondos coparticipables que correspondían a Río Grande, pero no los transfirió en los plazos establecidos. Esto provocó la acumulación de una deuda que compromete la previsibilidad financiera del Municipio y afecta los recursos disponibles para sostener sus servicios”, reclamaron.

Además, expusieron que “la situación adquiere mayor gravedad porque, pese a reconocer la existencia de transferencias pendientes, el Gobierno provincial no pudo establecer cuándo ni cómo regularizará los montos adeudados”.

“La minuta de trabajo firmada al finalizar el encuentro establece que, en caso de recibir recursos extraordinarios, la Provincia se compromete a reducir los días de demora en las transferencias de coparticipación y dar prioridad a los expedientes más antiguos”.

A su vez, manifestaron que “esta situación de deuda con la ciudad no surge únicamente de los registros municipales. El reclamo se sustenta también en información oficial publicada por el Ministerio de Economía de la Nación y en dictámenes e informes de los Tribunales de Cuentas provincial y municipal, que forman parte de los antecedentes utilizados para determinar los recursos percibidos y las obligaciones de transferencia correspondientes”.

En ese marco, indicaron que “la falta de remisión oportuna de fondos coparticipables ya percibidos plantea además posibles consecuencias judiciales para los funcionarios intervinientes, cuya eventual responsabilidad deberá analizarse conforme a la normativa aplicable”.

“El Municipio evaluará los pasos administrativos y judiciales que correspondan para resguardar los recursos de la ciudad y determinar las responsabilidades que pudieran derivarse del incumplimiento de las obligaciones de transferencia”, adelantaron.

“El documento firmado durante la reunión señala, además, que, si los fondos extraordinarios no se obtienen, el Ministerio de Economía trabajará en una propuesta para disminuir los retrasos”.

Desde el Ejecutivo reclamaron que “esto significa que, después de meses de reclamos y de una intimación formal, Río Grande continúa sin saber cuándo recuperará los recursos que legalmente le corresponden”.

Al mismo tiempo, consideran “indispensable que el Gobierno provincial explique qué destino tuvieron los fondos recibidos y pendientes de transferencia, así como los mecanismos que prevé implementar para restituirlos”.

Asimismo, insistieron en que “la falta de una propuesta de pago también deja planteada una preocupación central: los recursos que debían estar disponibles para financiar las obligaciones municipales no fueron transferidos y la Provincia no cuenta, hasta el momento, con un mecanismo cierto para regularizar esa situación”.

“Río Grande ha sostenido que la caída de la recaudación y las dificultades económicas generales no justifican el incumplimiento de las obligaciones de coparticipación”.

El Municipio de Río Grande aclaró, además, que “no está solicitando asistencia financiera ni recursos extraordinarios. Está exigiendo la devolución de fondos propios que corresponden a los vecinos de la ciudad”.

Por lo que señalaron, “durante la reunión, el Ministerio de Economía también asumió el compromiso de evitar que continúen aumentando los días de demora y los montos asociados a las transferencias pendientes”.

Quedaron previstos dos nuevos encuentros técnicos: el 13 de noviembre en Tolhuin y el 24 de noviembre en Ushuaia. Sin embargo, comentaron que “ninguno de esos compromisos establece una fecha de cancelación de la deuda acumulada ni determina cuánto dinero recibirá Río Grande para comenzar a regularizar las transferencias pendientes”.

“Se acordó establecer una mesa de trabajo permanente para analizar la situación financiera, los recursos de origen nacional y provincial y los criterios de distribución de la coparticipación”.

“Las demoras afectan directamente la planificación económica municipal y condicionan recursos fundamentales para garantizar la potabilización del agua, la recolección de residuos, el transporte público, las obras públicas y el funcionamiento de los dispositivos municipales de salud, entre otras prestaciones esenciales”, enfatizaron.

Por otro lado, indicaron que “la gestión del intendente Martín Pérez ha sostenido su disposición al diálogo institucional y ha participado de las distintas instancias convocadas durante el año. No obstante, considera que las reuniones deben traducirse en decisiones concretas, compromisos verificables y plazos ciertos de devolución”.

Por último, narraron que “la intimación formal realizada a las autoridades provinciales mantiene plena vigencia frente a una deuda que todavía no cuenta con un mecanismo definido de cancelación”.

“La tercera reunión dejó una conclusión concreta: el Gobierno provincial no presentó una solución para devolver los recursos que Río Grande reclama y condicionó cualquier mejora significativa a la llegada de fondos extraordinarios que hoy no están garantizados”, cierra el comunicado.