La Cámara entendió que la víctima no había tenido conocimiento real de esa posibilidad antes de la clausura de la etapa de instrucción (término procesal para constituirse en querellante) y que, por razones de orden constitucional, correspondía habilitar su intervención en el juicio a llevarse a cabo sobre los hechos precisados y la prueba ofrecida por el Ministerio Público Fiscal.