“Es ilegal, es ilegítima, carece de competencia, atenta contra el federalismo y la autonomía de nuestra provincia”

Según el gobernador, “el puerto operaba con total normalidad y orden. Si alguno quiso aludir algún tipo de desorden. Las grandes inversiones fueron hechas por esta provincia, por esta gestión y por el sector privado. No es un problema de enfrentamiento ideológico con el Gobierno de Milei, sino un avasallamiento al federalismo. Si no, que expliquen por qué no permiten el ingreso de funcionarios públicos”.

“Si era inseguro, creen que las grandes cadenas de cruceros iban a amarrar si hay inseguridad. Es una burla. Nos toman de tarados. Unos pícaros aprovecharon el párrafo de la Ley respecto a OSEF, que nunca se puso en práctica. No se tocó un solo peso del puerto. Lo que está de fondo es un interés económico por parte de los apropiadores, con algunos socios locales. Quienes vivimos acá conocemos muy bien al representante de ANPYN y qué relación tiene con actores locales”, continuó.

Además, expresó que “es lamentable ver a quienes tratan de aprovechar este avasallamiento para desgastar un Gobierno, una gestión o a un gobernador. Se trata de defender a la provincia, a sus recursos y a su pueblo, o ser cómplice. No puede haber medias tintas. El gobernador será lo que quieran, pero esta es una intervención federal y un avasallamiento a la autonomía de la provincia”.

El mandatario fueguino enfatizó: “Creemos en un federalismo de concertación real y no en este avasallamiento. No nos da lo mismo que al puerto lo tenga la Nación, algún Estado extranjero o los narcotraficantes, como dijo un supuesto gran empresario de esta provincia. Les pido a los que tienen relación con el presidente Milei, al que tanto le gusta acusar a los kukas de corrupción, que le digan que revise bien. Quizá algún funcionario está haciendo negocios con algún kuka. Para acusar son rápidos, pero para hacer negocios también”.

Por otro lado, Melella habló sobre la reestructuración de la Obra Social del Estado Fueguino: “Vengo sosteniendo que es necesario un nuevo impulso en algunas cuestiones del Estado. En el marco de las grandes transformaciones, hablaré de la OSEF. Sigue atravesada por esta realidad económica. La OMS y la Organización Panamericana de la Salud sostienen que cuando las crisis se agudizan, la salud es lo primero que se resiente. Cuando la economía golpea tan fuerte, los trabajadores y sus familias recurren más que nunca a su obra social”.

“Como primer paso, hemos iniciado un plan de reingeniería interna con la OSEF, con una guía para actuar con menos burocracia y más transparencia. Se trata de asegurar que cada peso llegue a donde tiene que llegar. Estamos trabajando en un reordenamiento interno muy necesario. Sabemos que no será suficiente ante la falta de recursos. Reconozco que es importante, pero también que hay que hacer una reestructuración interna. Esto no significa un ajuste o echar gente”, comentó.

Además, reconoció “aciertos y errores” en la gestión y por ello aseguró que están realizando “una auditoría de gestión, que es externa, para que nadie trate de ocultar nada. Por eso empezaremos un sistema en el que el centro no sea la factura del prestador, sino la salud del afiliado”.

“Esto implica una reestructuración interna del personal, para el personal de planta permanente, que tiene la misma responsabilidad que el de planta política que no cumple sus obligaciones. Este plan es pasar de una obra social pagadora de facturas a una gestora de salud y recursos”.

También anunció que van a “profundizar el criterio clínico como barrera contra el gasto ineficiente y la pérdida de tiempo del afiliado. La implementación de protocolos para adoptar de inmediato las guías de evaluación de tecnologías sanitarias y la del Ministerio de Salud para su autorización. Si no hay evidencia médica, no habrá autorización”.

“En la gestión del alto costo, aplicaremos la lista de chequeo obligatoria: la historia clínica más la justificación técnica, para frenar el automatismo. Vamos a lanzar el programa de médicos de cabecera o referentes, para que los pacientes no anden deambulando, comenzando con las personas con discapacidad. Vamos a fortalecer el área jurídica para blindar las decisiones de la instituciones y reducir los conflictos judiciales. Muchas veces decide un juez que de medicina no entiende y es responsabilidad nuestra por no dar las razones”, adelantó.

Al mismo tiempo, reforzarán “la rescisión de convenios de prestadores que presenten desvíos injustificados; automatizaremos el sistema de control para detectar prestadores e instituciones con sobrefacturación. A veces, en el descontrol, es imposible tomar las medidas que corresponden. Implementaremos la validación de identidad del afiliado, obligatoria en cada consulta, para eliminar la facturación fantasma. Bloquear en el sistema la carga de prácticas idénticas en períodos de tiempo que violen los protocolos médicos. Establecer un control de sobreprestación, implementando alertas automáticas. Profundizar la auditoría de terreno, saliendo al territorio”.

“Queremos que los prestadores, los proveedores y el personal sepan que el compromiso es la eficiencia”.

Finalmente, Melella consideró que “no es un trabajo que pueda hacer un gobernador o una conducción de obra social, sino un compromiso de todos. Necesitamos a los prestadores trabajando con ética, siendo socios en el cuidado y no sólo proveedores de servicios”.

“Necesitamos al personal de planta permanente y política comprometidos con la realidad. Los necesitamos a ustedes cuidando la obra social, exigiendo calidad o acompañando este nuevo camino. En tiempos de recursos escasos debemos ser más eficientes”, culminó.