A cargo de Jesús González Saber
La Defensoría ante el STJ integra la Comisión Evaluadora para designar un Defensor o Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
La creación de esta figura se encuentra prevista en la Ley Provincial Nº 1466, sancionada en diciembre de 2022. De este modo, la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur sería la sexta jurisdicción del país en poner en funcionamiento este organismo.
El encuentro se desarrolló en los bloques legislativos y contó con la participación de las legisladoras María Victoria Vuoto y María Laura Colazo, y del legislador Raúl Von der Thusen. En representación del Gobierno provincial estuvo presente el secretario de Justicia, Gonzalo Carrillo.
La Defensoría Provincial de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes posee carácter de persona jurídica de derecho público, con autarquía y autonomía funcional, en los términos del artículo 48 de la Ley Nacional Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. En ese marco, integra el Sistema de Protección Integral de Derechos creado por dicha normativa y constituye un órgano independiente de los tres poderes del Estado y de las instituciones provinciales preexistentes.
Al respecto, el Dr. Jesús González Saber señaló que la labor que desarrolle el profesional designado “tiene mucho vínculo con el Ministerio Público de la Defensa y vamos a tener que articular. Sería como un guardián del cumplimiento de la Ley 26.061”.
Asimismo, explicó que “la Defensoría tiene una representación de los derechos del niño, niña y adolescente, y tenemos la Asesoría Pupilar. Ellos tienen la representación principal o complementaria, en los términos del artículo 103 del Código Civil y Comercial, siempre respaldados por tratados internacionales y leyes nacionales”.
Finalmente, el Defensor ante el STJ sostuvo que esta nueva figura “viene a concurrir en esa competencia. Tiene un artículo que le atribuye potestades y una labor subsidiaria respecto de las autoridades. Además, contempla la posibilidad de ampliar la competencia, lo que puede generar nuevas tareas que probablemente concurran con las del Ministerio Público de la Defensa”.