Lechman y Von der Thusen impulsan límites para condenados que busquen acceder a cargos públicos

La propuesta establece que no podrán ser precandidatos, candidatos ni ocupar cargos públicos quienes tengan una condena en segunda instancia, aunque la sentencia todavía no se encuentre firme.

La inhabilitación alcanza a delitos como cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, fraude contra la administración, delitos contra la integridad sexual y femicidio.

También obliga a los partidos políticos a presentar los antecedentes penales de cada postulante al momento de oficializar las listas. Si la documentación no es entregada, tendrán 48 horas para completarla o reemplazar al candidato.

El proyecto ingresó formalmente el 27 de marzo y retoma una iniciativa que los legisladores de Somos Fueguinos habían impulsado originalmente en diciembre de 2024.