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Ley de Financiamiento Educativo

“El Gobierno pretende financiar su fracaso educativo metiéndole la mano en el bolsillo a los fueguinos”.

El legislador del Movimiento Popular Fueguino, Pablo Villegas, cuestionó la aprobación de la Ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo, que se concretó luego del levantamiento del cuarto intermedio de la sexta sesión ordinaria de la Legislatura, con el voto doble de la presidencia, ejercida por Victoria Vuoto.

martes 17 de noviembre de 2026
“El Gobierno pretende financiar su fracaso educativo metiéndole la mano en el bolsillo a los fueguinos”.

Villegas advirtió que la iniciativa pretende resolver los problemas estructurales del sistema educativo mediante la creación de nuevas obligaciones tributarias, sin discutir las prioridades del gasto público ni las responsabilidades del Gobierno provincial.

 

El legislador señaló que la experiencia institucional de Tierra del Fuego desde 1992 demuestra que la sanción de nuevas leyes no garantiza por sí sola el funcionamiento del sistema educativo ni asegura que haya clases.

 

En ese sentido, cuestionó la incorporación de nuevas cargas sobre dos actores relevantes de la economía provincial: la distribuidora de gas Camuzzi, a la que se le establece una alícuota del 3,4% de Ingresos Brutos para la actividad, y el Banco de Tierra del Fuego, que deberá afrontar una alícuota adicional del 3% sobre el mismo tributo.

 

“Esos costos no desaparecen. Terminan trasladándose a la sociedad y lo pagan también aquellos a quienes supuestamente se busca beneficiar, entre ellos los propios trabajadores docentes”, advirtió.

 

Para Villegas, la solución sostenible no pasa por seguir creando o aumentando impuestos, sino por revisar las prioridades presupuestarias y dejar de destinar miles de millones de pesos a estructuras y áreas del Estado que no generan beneficios concretos para la comunidad.

 

“Antes de pedirle un esfuerzo más a la sociedad, el Gobierno debería explicar cómo utiliza los recursos públicos y qué resultados obtiene. No se puede pretender solucionar la falta de gestión trasladando la factura a los fueguinos”, sostuvo.

 

Finalmente, el legislador puso el foco en las consecuencias del conflicto educativo y el perjuicio ocasionado a los estudiantes: “Ninguna ley tiene la virtud de reparar lo irreparable. Nuestros niños y adolescentes perdieron el 60% de los días de clases. Ese daño no se recupera con un nuevo impuesto ni con una declaración legislativa. Se necesita responsabilidad, gestión y decisión política para garantizar el derecho a la educación”, concluyó.

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