Intervención del Puerto
"La lealtad a Milei no puede estar por encima de Tierra del Fuego”
La organización sindical no solamente responsabilizó al Gobierno nacional por avanzar sobre el patrimonio provincial, sino que también apuntó directamente contra quienes, desde sus bancas, representan al oficialismo libertario en Tierra del Fuego y hasta el momento no han encabezado una respuesta política a la altura del conflicto.
La solicitada, firmada por Daniela Almada, secretaria general del SUTAP TDF; Nancy Ross, secretaria adjunta, y Jorge Bahamondez, secretario administrativo, plantea una fuerte interpelación a los senadores Agustín Coto y Belén Monte de Oca, a los diputados nacionales Santiago Pauli y Miguel Rodríguez, y a los legisladores provinciales Luciano Selzer y Natalia Gracianía.
El planteo sindical es directo: quienes fueron elegidos por el voto de los fueguinos no pueden permanecer al margen mientras el Gobierno nacional, del mismo espacio político que integran, avanza sobre la administración de uno de los recursos estratégicos de la provincia.
El documento sostiene que la extensión de la intervención, dispuesta mediante la Resolución 69/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), representa un nuevo atropello contra la autonomía y el patrimonio fueguino. Particularmente, cuestiona que la medida no establezca una fecha cierta para la devolución del puerto a la provincia y que su continuidad quede supeditada al cumplimiento de un plan de obras cuya ejecución depende de los propios interventores.
En ese sentido, el sindicato advierte que una intervención que debía tener carácter excepcional corre el riesgo de transformarse en una permanencia administrativa indefinida, con el Gobierno nacional decidiendo unilateralmente cuándo considera que están dadas las condiciones para retirarse.
Pero el eje más contundente de la solicitada está puesto en la responsabilidad política de los representantes libertarios. Para el SUTAP, la pertenencia partidaria no puede ser una excusa para evitar el compromiso con los intereses provinciales. Por el contrario, considera que los legisladores oficialistas tienen una responsabilidad todavía mayor, precisamente porque cuentan con vínculos institucionales y políticos con el Gobierno que dispuso la intervención.
La organización sindical ponen una contradicción sobre la mesa: "¿pueden quienes representan a Tierra del Fuego acompañar o tolerar decisiones de su propio Gobierno nacional cuando estas afectan directamente los derechos y el patrimonio de la provincia?"
La interpelación no es menor. El documento pregunta si los legisladores libertarios van a defender a Tierra del Fuego o si continuarán defendiendo las decisiones de Javier Milei. Una definición que, según plantea el sindicato, ya no admite evasivas ni explicaciones basadas exclusivamente en la disciplina partidaria.
La solicitada también pone el foco en los cuestionamientos sobre el manejo de los fondos portuarios, los reclamos judiciales de acceso a la información pública y las denuncias relacionadas con el funcionamiento del puerto. Frente a ese escenario, reclama transparencia, una rendición completa de los recursos administrados y un cronograma concreto para recuperar la administración provincial.
El pronunciamiento del SUTAP trasciende así el reclamo estrictamente sectorial y adquiere una dimensión política e institucional. No solamente exige que el puerto vuelva a manos de la provincia, sino que obliga a los representantes fueguinos de La Libertad Avanza a explicitar de qué lado se ubican frente a una decisión adoptada por el Gobierno al que pertenecen.
En definitiva, el sindicato les recuerda a los legisladores que sus bancas son el resultado del voto de los fueguinos y que su primera obligación debería ser defender los intereses de la provincia, incluso cuando eso implique confrontar con su propio espacio político.
La advertencia final de la solicitada resume el sentido del reclamo: la obediencia partidaria no puede estar por encima de la defensa del patrimonio provincial. Una definición que coloca a Coto, Monte de Oca, Pauli, Rodríguez, Selzer y Gracianía frente a una pregunta política inevitable: ¿representan a Tierra del Fuego o son, ante todo, representantes del Gobierno nacional en la provincia?